Sevilla, (EFE).- La Junta de Andalucía ha invocado este jueves el principio de ‘quien contamina paga’ para reclamar a Boliden casi 90 millones de euros como «titular» de la explotación de la mina de Aznalcóllar, que provocó un vertido tóxico en 1998, aunque la empresa sueca pide desestimar la demanda al no considerarse responsable.
El juicio, que se ha celebrado durante cuatro sesiones repartidas en dos semanas en el juzgado de lo civil 11 de Sevilla. Y en el que la Junta reclama el coste de los daños ocasionados en el vertido tóxico. Ha quedado visto para sentencia tras conocerse las conclusiones de las partes.
La última jornada, que tuvo como prólogo la comparecencia de la perito Regina Rodríguez, propuesta por los abogados de Boliden, ha servido para conocer que la Junta considera que existe jurisprudencia «suficiente». Tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el europeo, para que la empresa se responsabilice del coste del daño.
Por su parte, Boliden ha pedido al juez que en el caso de no desestimar la demanda, que la compañía, de manera subsidiaria, haga frente a una cuantía del 50 por ciento unos 48 millones que la empresa dice que podrían ser imputables a un proceso de recuperación del entorno. Aunque a dicho porcentaje habría que aplicarle el criterio del convenio que se autorizó en el concurso de acreedores. Al que acudió la empresa tras el accidente, que preveía quitas de hasta el 99 %.
Ley de Minas
Según la Junta, pese a que la defensa de Boliden apela a que el endurecimiento de las sanciones son posteriores al desastre de Aznalcóllar, existe jurisprudencia «suficiente» en diversas directivas de la Unión Europea. Y en aplicación del artículo 81 de la Ley de Minas. Para reconocer que la empresa sueca es la responsable de hacerse cargo de los gastos.
Las letradas de la istración autonómica señalaron que esta norma alude al «titular» de la explotación. Aunque el abogado de Boliden acusó a la Junta de «mutilar» la norma. Hasta el punto de que, en realidad, esta ley habla de «reparto de responsabilidades» a la hora de aplicar las medidas.
La defensa de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV, cuyos abogados pertenecen al bufete Uría Menéndez, han sostenido en que la acción de reembolso previstos en el artículo 81 de la ley de Minas no establece la obligación de restablecer la situación a su estado anterior. Por lo que solicitan la íntegra desestimación de la demanda.
«Lo de que Boliden tiene la obligación según el artículo 81 de la Ley de Minas es una invención», ha señalado el abogado. Quien ha destacado la «construcción imaginativa» por parte de la parte acusatoria cuando apela a una responsabilidad que «en realidad no existe».
Por el contrario, la Junta ha asegurado que este artículo «deja claro» que lo titulares de los derechos de la actividad minera tienen la obligación de «responder de los daños que se deriven de su trabajo». Sin que para eso sean necesarios «otros requisitos, como una conducta dolosa».
El desastre ecologico
La Junta de Andalucía ha defendido la actuación realizada en la zona tras el desastre ecológico. Y ha destacado el testimonio de algunos comparecientes de que Boliden se limitó a una primera limpieza. Para posteriormente «quitarse del medio», y ha recordado la alarma social provocada por un vertido cuya extensión se quedó a las puertas de Doñana.
«Boliden no fue la culpable de la rotura de la balsa», ha señalado el letrado de la defensa durante la lectura de sus conclusiones. Tras lo cual se ha preguntado que si la empresa sueca no mantenía la balsa en condiciones por qué la Junta no le abrió ningún expediente sancionador.
La Junta reclama a las empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV) un total de 89.867.545 euros. Con el argumento de que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo. Que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas. Sin que la empresa aportara fondos en la restauración de la zona.
La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un «peregrinaje judicial» -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida. EFE
