-La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, momentos antes de comenzar en el Parlamento de Andalucía el debate final de la Ley del Presupuesto de la comunidad para 2024. EFE/José Manuel Vidal

El OEA pide tratar la financiación en las Cortes y critica la política fiscal de Andalucía

Sevilla, (EFE).- El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha mostrado su desacuerdo con el «concierto fiscal» para Cataluña por sus perjuicios económicos a medio y largo plazo para el resto de España y ha defendido que la reforma del sistema de financiación autonómica «se geste» en las Cortes Generales, a la vez que ha criticado la «errática» política fiscal de la Junta de Andalucía.

El OEA ha presentado este miércoles su posición sobre el acuerdo fiscal en Cataluña entre los socialistas catalanes y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ha sido la primera institución de la sociedad civil integrada por profesionales del mundo académico, empresarial y jurídico que se pronuncia sobre un asunto de gran calado para contribuir al debate de forma «racional y sosegada», ha manifestado su presidente Francisco Ferraro.

«Concierto fiscal» en Cataluña

Desde el rechazo a lo que el OEA considera un «concierto fiscal» con Cataluña, que, a su juicio, requiere cambios en la Constitución Española, ha defendido que la discusión de la financiación autonómica debe hacer de forma multilateral y no bilateral, como se ha hecho con Cataluña, y en el ámbito del Congreso y del Senado y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este organismo es una «conferencia sectorial fallida», según ha explicado Diego Martínez, catedrático de Economía aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de la fundación de Economía Aplicada Fedea, quien ha añadido que «amplifica el ruido político» y «no sirve para nada», ya que, además, es un órgano consultivo del gobierno.

Además, en la futura reforma del sistema deben primar los criterios de equidad y redistribución con una nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las comunidades para prestar un mismo nivel de servicios públicos, con independencia de donde se resida, ya que los ciudadanos deben ser los sujetos y los objetos de este debate y no los territorios, según el OEA.

No obstante, Diego Martínez ha explicado que estos principios inspiradores del sistema no deben ir en contra de la autonomía fiscal ni de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, de forma que no conduzca a los autonomías a «sentarse a recibir la paguita del gobierno».

Errática política fiscal en Andalucía

En este sentido, ha criticado la «errática» política fiscal de la Junta de Andalucía ya que ha explicado que «no es coherente» alegar problemas de financiación de los servicios públicos como hace el gobierno andaluz y al mismo tiempo practique una política de rebajas fiscales que afectan de forma negativa a la recaudación fiscal.

Ha alertado de que se gasta más que nunca en sanidad y en educación y, sin embargo, no se refleja en una mejor calidad de sus servicios públicos, por lo que, según Diego Martínez, se debería evaluar que el gasto en total haya crecido un 13 % en 2023, y además ha alertado del crecimiento «como nunca» de los recursos destinados al antiguo Plan de Empelo Rural (PER) -ahora AEPSA- cuando era algo «residual» e incluso era objeto de las quejas del PP cuando estaba en la oposición en Andalucía, ha recordado.

Aunque la recaudación crece en Andalucía, lo hace a tasas de crecimiento inferiores a los últimos años y por debajo de la media de España, ha precisado el ponente, quien ha añadido que esta política ha disparado la deuda de Andalucía y, por tanto, el déficit.

A este respecto, el OEA ve con buenos ojos la condonación de la deuda de las autonomías del Estado de forma condicionada con el objetivo de «empujar a las comunidades a que busquen financiación en los mercados» porque dos terceras partes de la deuda andaluza está en manos del Estado.

Otra propuesta del OEA es la creación de un consorcio tributario entre la Agencia Estatal Tributaria y las autonomías para la gobernanza fiscal del país, pero no la de «quince consorcios tributarios bilaterales», y un rediseño de los «raquíticos» fondos de compensación territorial. EFE