Sevilla, (EFE).- La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha advertido este miércoles de que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico asentadas en la comunidad cada vez demuestran «mayor violencia», y ha pedido que se eleven las penas para castigar la «logística» asociada a esta actividad ilícita.
En declaraciones a los periodistas, tras hacer entrega al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, de la memoria de 2023 de la Fiscalía y antes de presentarla en la Comisión de Justicia, Tárrago ha explicado que esas organizaciones ya no solo están relacionadas con el narcotráfico, sino también con la inmigración ilegal y la explotación laboral y sexual.
«El narcotráfico ha demostrado mayor violencia para dominar el territorio y también mayor violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha dicho la fiscal superior, quien ha recordado el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).
Según Tárrago, la Fiscalía trabaja contra estas organizaciones criminales y ha aumentado su investigación en causas por blanqueo de capitales: «Realmente donde se le puede hacer mayor daño es en el patrimonio que se ha obtenido ilícitamente», ha apostillado.
Violencia familiar y menores
También ha pedido que se eleven las penas en los delitos logísticos, los que tienen que ver con la logística del narcotráfico como el transporte y el depósito de la gasolina para el abastecimiento de la narcolanchas, o la defraudación de fluido eléctrico cuando está relacionada con el tráfico de drogas.
Se ha referido además a un aumento, en el segundo semestre de 2023, en el decomiso de narcolanchas, para lo que resulta necesario habilitar espacios para el depósito de estas embarcaciones de alta velocidad, que difícilmente pueden usarse «para interés público» porque está fabricadas «de forma ilegal».
Entre los delitos recogidos en la memoria, ha destacado «sobremanera» los de violencia doméstica y familiar que, a diferencia de otros, se cometen en un espacio que se supone protegido como la familia y que afecta a personas vulnerables como mayores, menores o discapacitados.
«Creo que merece una exhaustiva reflexión para ver las causas de ese aumento en la violencia familiar y doméstica», ha declarado.
Además, otro asunto que «preocupa» son los menores, tanto aquellos que son víctimas como los agresores, especialmente los de generaciones del siglo XXI, edades demasiado tempranas y que se acercan a la justicia penal.
«Nos preocupa porque los menores que son inimputables, los que todavía no tienen responsabilidad penal, menores de 14 años, han aumentado en la comisión de hechos delictivos, aunque no sean especialmente graves», ha advertido. EFE
