Almería, (EFE).- Andalucía Acoge atiende de forma estable durante todo el año a más de 4.500 migrantes en asentamientos vinculados a la agricultura intensiva en el campo de Níjar (Almería). Asimismo lo hace en los municipios onubenses de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
Según indica la ONG en su informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas. De estas, 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.
Por su parte, Huelva Acoge actúa en 16 de los 41 asentamientos de la provincia. Lo hace sobre una población de aproximadamente 1.000 personas fuera de la temporada agrícola. Durante la campaña de los frutos rojos esta población puede llegar a triplicarse.
En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras. En todo caso, se estima que entre el 30 y el 40 por ciento de la población podría vivir allí de forma permanente.
Según Andalucía Acoge, en ambos casos los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”. Pese a ello, hay “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”. Esto se debe, sobre todo, a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.
El caso de Níjar
El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales. Entre ellos, los derechos laborales, el a la vivienda, la sanidad y de movilidad segura.
Existen diferentes tipos de asentamientos. Son chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras istrativas es la falta de empadronamiento. Esto es fundamental para el a servicios básicos.
La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero. Se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.
Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada. En las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras es más frecuente.
Consideran que el deterioro en la calidad de vida de las personas migrantes ha aumentado. Esto se debe a su situación de exclusión social. “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”.
El caso de Huelva
Las condiciones de vida en estos asentamientos son “extremadamente precarias”. Los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación. Estos incendios pueden ser causados por diversas razones. Sucesos por el uso de materiales inflamables en la construcción de las chabolas. También por la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua y electricidad. Además, hay que tener en cuenta el uso de métodos inseguros para cocinar y obtener calor en las chabolas.
Entre abril de 2020 y mayo de 2024, se han registrado 22 incendios en los asentamientos. Estos siniestros han afectado a 2.816 personas, de las que varias decenas han resultado heridas y tres han fallecido.
En Palos de la Frontera, los migrantes manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad. Cobran hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares.
Asimismo, cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa. A pesar del interés de la istración Local, estos menores no están escolarizados. Aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente.
Propuestas
Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave. Asimismo, garantizar el al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local. Es preciso también “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”. Del mismo modo, apuestan por acometer medidas de urgencia para facilitar el a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.
También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.
Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros.
