Granada (EFE).- Dos concejales de Baza (Granada) está siendo investigados acusados por una funcionaria de un delito contra la integridad moral. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de ha abierto diligencias contra dos los dos ediles.
El auto del juzgado instructor, al que ha tenido EFE, ha citado a declarar en calidad de investigados a los responsables de Agricultura y Personal del Ayuntamiento de Baza. Está istración está denunciada como responsable civil subsidiario.
La denunciante comenzó en agosto de 2022 a trabajar como funcionaria interina por concurso oposición. Fue en el puesto de peón de recogida de animales. En él se encargaba de mantener las instalaciones de la perrera. También de abrir y cerrar el mercado de ganado, entre otras obligaciones.
Baja por sobreesfuerzo
Según la denuncia, el «sobreesfuerzo» por la falta de personal en el puesto le generó estrés. La trabajadora solicitó la baja. Esto sería aprovechado el Ayuntamiento para convocar esa plaza que ocupaba como interina.
La trabajadora fue la única que aprobó el examen de los cuatro candidatos. Pasó así a formar parte como funcionaria de carrera en enero de 2024. En esa fecha en la que se agravó su situación laboral con un aumento de las tareas a realizar.
Según su denuncia, los concejales de Personal y Agricultura mantuvieron «ataques» y presiones contra la trabajadora. Entre ellos, reproches a su trabajo Estos provocaron en ella una situación por la que el médico le recetó un tratamiento y la derivó a Salud Mental.
Durante el tiempo que estuvo de baja, recibió llamadas en las que le comunicaban su obligación de incorporarse al trabajo pese a un mal estado de salud. Empleó sus días libres y sus vacaciones en espera de una mejoría que no llegó.
Llamadas y presiones
La trabajadora ha denunciado que continuaron las llamadas y presiones. Por ello se incorporó a su puesto con un informe que decía que no debía trabajar con animales. Pese a esta situación, el Ayuntamiento la envió a la perrera al entender que se correspondía con su plaza laboral.
Poco después de su vuelta al trabajo, el Ayuntamiento le abrió un expediente al interpretar que no cumplía con todas sus tareas, lo que empeoró la salud de la funcionaria, que denunció que el objetivo de los dos concejales era echarla de su puesto.
El juzgado instructor ha incoado diligencias por un posible delito contra la integridad moral cometido por autoridad y ha citado a declarar como investigados a los dos concejales el próximo 22 de mayo.
