Miguel Martín Alonso I Níjar (Almería), (EFE).- El desalojo por orden judicial pende como una espada de Damocles sobre las cabezas de las seis decenas de migrantes que residen en el Cortijo El Uno de San Isidro, en Níjar (Almería), unas personas que desde hace meses buscan una alternativa y hallan el mismo problema: «Nadie quiere alquilar a un marroquí».
Este asentamiento es pequeño comparado con otros de la comarca. Se divide en un almacén en el que viven nueve hombres, seis mujeres y seis niños; unas casetas interiores con un número oscilante de varones, junto a una mujer y dos menores; otras exteriores con diez hombres, una mujer y un menor, y una zona de chabolas con otras 13 personas.
En el almacén, Fátima (nombre supuesto) relata a EFE junto a otras migrantes que el pasado mes de junio recibieron una carta en la que se informaba de que iban a desmantelar el asentamiento. “Nos echan el día 25. Desde que nos ha llegado la segunda carta estamos con mucho miedo, con mucha incertidumbre, no sabemos a dónde tenemos que ir”, afirma.
El problema es que este grupo de “familias, con varios niños y chicos y chicas solteros que viven aquí en chabolas y cortijos” no encuentra un alquiler que resuelva su situación.
Casas para alquilar
“Llevamos buscando alquiler desde que nos llegó la primera carta. Todo el mundo sabe que aquí, en la comarca de Níjar, no hay casas para alquilar. Hay casas para vender, pero no podemos comprarlas, por lo menos en la situación en la que estamos”, lamenta Fátima.
“Sabemos muy bien que es una propiedad privada, que el dueño necesita su tierra, pero lo único que pedimos es que nos den casas para alquilar. Estamos dispuestos a pagar un alquiler. O que nos den más tiempo para buscar en otras zonas de los alrededores”, añade.
Amira (nombre supuesto) toma la vez y revela que residen en el Cortijo El Uno desde hace diez años. “Mis hijos están empadronados, toda mi familia está empadronada aquí, en San Isidro. Mi marido está trabajando aquí. Estamos dispuestos a pagar un alquiler que hemos estado buscando muchísimas veces”, abunda.
A pesar de todo lo anterior, sostiene que las trabajadoras sociales del Ayuntamiento “no se han acercado a preguntar” por su situación. “Tenemos la incertidumbre de qué vamos a hacer el 25. ¿Dónde dejamos nuestra ropa, nuestras cosas? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos?, pregunta.
“Insistimos en que estamos dispuestos a pagar alquiler. Estamos dispuestos a buscar casas. Pero aquí hay un problema crítico y pedimos ayuda. Si no nos ayudan que por lo menos den tiempo a buscar en otro sitio”, añade, para aseverar que otro problema es que “cuando buscamos un alquiler, hay alquileres para lo españoles, pero no para los de Marruecos”.
Un informático en el asentamiento
Yahya cursó ingeniería informática en Marruecos y lleva tres años en este asentamiento, en las chabolas más apartadas, dónde ha encontrado “un sitio, un lugar” en el que residir y buscar trabajo. “Por lo menos tienes un sitio dónde puedes dormir cuando sales del trabajo, porque el trabajo en el invernadero no es fácil. Son ocho, nueve, hasta diez horas”, relata.
“Encuentras la tranquilidad, porque una persona que ha venido de África… Por ejemplo, yo he venido de Marruecos para buscarme la vida, para ayudar a la familia y hacer un buen futuro”, afirma.
Incide en que si no encuentra una labor más o menos estable, tendrá un problema para encontrar un alquiler, aunque ya ha ado con unos amigos que lo acogerán si el próximo martes tiene que dejar el poblado desde el que, cuando tiene un empleo, sale en patinete para trasladarse a invernaderos ubicados a unos 20 minutos.
Aunque ellos no conocen las leyes españolas, las entidades que trabajan sobre el terreno recuerdan que el artículo 35 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía hace referencia a la urgencia social, estableciendo que la primera responsabilidad es de los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, y luego de la Junta de Andalucía.
También se refieren al Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, por su posible aplicación en este caso. EFE
