Cádiz,(EFE).- La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Save the Children han pedido una alianza de los poderes públicos, las plataformas digitales, las familias y las escuelas para proteger a los menores de los riesgos del entorno digital a través de herramientas de control y, especialmente, de la educación y concienciación.
En la jornada ‘Derechos en red. Por un entorno digital seguro para la infancia’, que se celebra este miércoles en Cádiz, organizada por la Defensoría de la Infancia y Save the Children, el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez ha puesto en valor el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en el ámbito digital.
Pérez, que ha recordado que fue aprobado el pasado mes de junio, ha dicho que espera reunir «un gran consenso» y convertir a España «en un país puntero en Europa» en la protección de los menores.
Establecer en los dispositivos un control parental por defecto y desarrollar mecanismos de verificación de la edad y de control para que las redes no sean «una selva» en la que violencia, pornografía y abusos sexuales «campen sin ningún control» en los dispositivos de los menores, son algunos de los objetivos de este marco, según el secretario de Estado.
«Esto es un debate de país, e intergeneracional, el debate de cómo queremos que maduren y crezcan nuestros menores», ha subrayado.
La educación, lo más importante
El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha alertado de que aunque las prohibiciones y regulaciones son necesarias tienen «las patas muy cortas», por lo que «el camino educativo es el más importante», un camino que es «urgente» e «imprescindible» recorrer y en el que deben implicarse las familias y los centros escolares.
«A los diez años les damos a los niños un dispositivo móvil, les abrimos una puerta a la calle en su habitación sin ninguna norma, sin ninguna guía», ha indicado tras señalar que a Save the Children le preocupa «cada vez más la falta de conciencia» de los menores y adultos sobre los riesgos digitales.
«Uno de cada tres no ve nada arriesgado el compartir imágenes íntimas en el medio digital y el 40 % no es capaz de detectar una información falsa o participa en la proliferación de discursos del odio sin ser conscientes. Es algo grave», ha añadido.
Estrategia autonómica
El Defensor en funciones de la Infancia y Adolescencia en Andalucía en funciones, Jesús Maeztu, han animado a impulsar una estrategia autonómica de lucha contra la violencia hacia la infancia que incluya medidas destinadas a garantizar la protección de la infancia en el entorno digital, como existen en otras comunidades como el País Vasco, para complementar la estrategia nacional.
“Andalucía debe seguir el ejemplo. Educar en competencias digitales no es una opción, es una exigencia”, ha afirmado Maeztu, que ha alertado de la necesidad de actuar ante las causas de fenómenos como el ciberacoso o el impacto en las relaciones afectivas y sexuales de los menores por su exposición a la pornografía desde los diez años, y no sólo sobre las consecuencias.
En la ponencia inaugural, Marta Rico Donovan, vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha alertado de que incluso los pediatras están detectando problemas de desarrollo del lenguaje en niños a los que de bebés, se les da un teléfono mientras están en el orinal.
Canal prioritario
«Los padres no son conscientes del a contenidos para adultos que ven sus hijos. La industria del porno está consiguiendo que el porno sea la escuela sexual de nuestros niños, que normalicen la violencia sexual, el sometimiento o la cosificación de la mujer», ha advertido.
Desde la AEPD se impulsa la necesidad de difundir la importancia de la protección de datos que se ceden en las redes sin que los s se den cuenta y que empresas se encargan de monetizar.
Esta entidad ofrece un ‘Canal prioritario», al que los menores, adolescentes o sus padres o profesores pueden recurrir para que les ayuden a gestionar ante las plataformas la retirada en un plazo de 72 horas de imágenes que hayan sido difundidas sin su consentimiento. EFE
