Zaragoza (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, en el pleno de las Cortes, la aprobación en el próximo Consejo de Gobierno del plan de concordia en defensa de todas las víctimas frente a una ley de memoria democrática con la que la izquierda, ha dicho, ha pretendido «reescribir la historia» y «poner un ladrillo más de su muro».
Así lo ha afirmado en una comparecencia a petición del PSOE tras la decisión de Tribunal Constitucional de suspender la derogación de la ley de memoria democrática con la que los socialistas, ha subrayado su portavoz, Mayte Pérez, están «esperanzados» mientras Azcón, ante este «varapalo», a su juicio ha reaccionado «muy mal», con «soberbia» y «falta de respecto institucional».
Críticas del PSOE
Para Pérez, PP y Vox, con la derogación de la ley «casi por la puerta de atrás», persiguen imponer su agenda ideológica, su «sectarismo y revanchismo», cuando la norma aragonesa, consensuada y rigurosa con el criterio de los historiadores, ampara a todas las víctimas. «Dejen de mentir ya en esta cámara», ha aseverado.
«Son ustedes los que no sólo resucitan a Franco, sino los que se jactan en reivindicarlo» al mantener en el Gobierno a dos directores generales «que abrazan abiertamente el franquismo», ha espetado al presidente en alusión a los directores generales de Justicia, Esmeralda Pastor, y de Caza y Pesca, Jorge Valero.
Además, ha reprochado a Azcón su «irracional desprecio» a la ONU por su «ataque» al informe sobre la derogación de la ley -el organismo advertía de que invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista- y su «plante» por negarse a asistir a una reunión bilateral con el gobierno central.
«Son reaccionarios por naturaleza y los avances les llegan siempre mirando al retrovisor», ha proseguido Pérez, quien ha tachado de «trampantojo» el plan de concordia que planea el Gobierno frente a una ley cuyo objetivo es dignificar a las víctimas frente a la discrecionalidad de los gobiernos. «La memoria ni se compra ni se borra», ha subrayado antes de pedir a Azcón que reflexione y rectifique ante la oportunidad que le brinda la decisión del Constitucional.
Respuesta de Azcón
En su respuesta, Azcón ha asegurado que su Gobierno va a respetar al Tribunal Constitucional -«no vamos a hablar de lawfare» ni es el PP, ha apostillado, el que lo desprestigia con los nombramientos-, y ha reiterado que la suspensión de la derogación es automática por cuanto es el presidente del Gobierno el que recurre al tribunal de garantías y que su ejecutivo alegará para pedir que se levante esa suspensión.
Y además de anunciar que el plan estratégico para la preservación de la concordia se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno, ha afeado al PSOE que esta sea la decimoséptima vez que se habla de la ley de memoria en las Cortes sin un solo argumento nuevo, obviando lo que ocurrió en el Consejo de Estado, en el que la presidenta, Carmen Calvo, votó en contra del dictamen sobre la derogación elaborado por el último padre de la Constitución vivo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que además había apoyado la ex vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega.
Acusaciones a Sánchez
Azcón ha acusado además a Sánchez de buscar con este recurso un debate político y no la defensa de la Constitución, dado que no ha hecho nada frente a «ataques flagrantes» como la votación de la mesa del parlamento catalán, con la propia ley de amnistía y ahora con los «cupos» en la financiación autonómica.
«El presidente defiende la Constitución en función de los sillones», según Azcón, quien ha incidido en que hay más voces que nunca que advierten de que la democracia «está en serio riesgo», por los ataques del Gobierno central a los medios de comunicación y a los jueces «en función de que se dediquen a investigar a familiares de Pedro Sánchez».
Además, ha defendido que las urnas avalaron la derogación de la ley de memoria, que el PP no está dispuesto a que el PSOE trate de reescribir la historia y decir qué hay que pensar y que su Gobierno, con el plan de concordia, va a defender los derechos de todas las víctimas como «orgullosos hijos de la Transición».
«El discurso del miedo se ha acabado y el de la imposición, también», ha apostillado.
El PSOE ha retirado del orden del día la votación sobre la toma en consideración de una nueva ley de memoria democrática al estar la anterior en vigor tras la decisión del TC de suspender la derogación.
La postura de la oposición
En el turno de resto de la oposición, José Luis Soro, de CHA, ha incidido en los problemas entre los socios de PP y Vox, que presentaron juntos la derogación de la ley de memoria y ahora solo Vox firma la proposición de ley para modificar la ley de Patrimonio aragonés «para quitar eso tan feo y tan malo del catalán y aragonés», mientras que Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, ha opinado que a Azcón, con sus argumentos, solo le llevan a «horadar un agujero en el suelo». «No van a ir a ningún sitio porque no le asiste la razón, y lo sabe», ha dicho.
Andoni Corrales, de Podemos, ha acusado a Vox de llevar al PP a «este precipicio», con la derogación de una ley que provoca «mucha injusticia y dolor removido», y Álvaro Sanz, de IU, ha recriminado a Azcón el «bochorno nacional e internacional» al que está sometiendo a Aragón por censurar a la ONU y ha advertido de que si el TC ha itido el recurso «es porque hay caso».
Alberto Izquierdo, del PAR, ha criticado que las Cortes lleven ocho meses hablando de Franco y de la ley de amnistía y ha optado por advertir de las consecuencias de los aranceles al porcino al incidir en que eso sí es un problema para cientos de ganaderos que ven en riesgo sus explotaciones.
Por los grupos que sostienen al Gobierno, Ana Marín, del PP, ha lamentado que se hable más en las Cortes de Franco y de la dictadura que de la sanidad, la educación o los servicios sociales y ha criticado la «soflama» que a su juicio escribió la portavoz del PSOE sobre la decisión del Constitucional. Al respecto, Pérez ha pedido la palabra por inexactitudes para explicar que se limitó a colgar la resolución del tribunal, aunque la presidenta, Marta Fernández, no le ha dejado leer lo que escribió.
Por Vox, su portavoz, Santiago Morón, ha tachado de «infame» la ley de memoria democrática y ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez por cogobernar con los «herederos» de ETA y contra sus «terminales políticos», en referencia a los socialistas aragoneses, y «sus terminales mediáticos ultrasubvencionados» para tapar los «escándalos de sus ministros y de su familia».
