Zaragoza (EFE).- El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) sopesa la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso del centro de menores de Ateca (Zaragoza), tras la detención en ingreso en prisión de cinco de sus trabajadores, entre ellos el director la institución, por delitos de lesiones, torturas, agresión sexual y organización criminal hacia los jóvenes internados.
En un comunicado, esta organización valora la gravedad de los hechos denunciados y reclama «prudencia y responsabilidad» por parte de personas, profesionales y entidades cercanas al procedimiento abierto, a la espera de que la istración de justicia se pronuncie y adopte las medidas sancionadoras pertinentes.
«Mientras esto ocurre, pedimos a la istración que ponga a disposición de las familias denunciantes y de los niños víctimas los recursos necesarios para que puedan sentirse protegidas y acompañadas en este proceso tan doloroso», señalan los educadores aragoneses, para los que todos los recursos del sistema de protección de menores en la Comunidad deberían ser públicos y no gestionados mediante externalizaciones.
Denuncias
EL CEES Aragón asegura haber denunciado en innumerables ocasiones, desde hace muchos años y con diferentes gobiernos autonómicos, la «insuficiente falta de control y supervisión» por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de los conciertos con las entidades privadas, con pliegos, subrayan, que incumplen demasiadas veces algunas de las condiciones que la propia istración marca.
El CEES Aragón quiere poner en valor el buen hacer profesional de nuestras compañeras y compañeros educadores y educadoras sociales en las direcciones provinciales del IASS y en los diferentes centros de protección y reforma de la Comunidad Autónoma, profesionales con formación, compromiso y experiencia en atención socioeducativa a niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias se encuentran en el sistema de protección y reforma.
Consideran sus responsables que la mejora de las condiciones laborales, retribuciones, descansos y ratios de los trabajadores de los centros de protección y reforma aseguraría la continuidad de los equipos educativos que ejercen como referente para los niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección.
También ven necesaria una formación «continua, adecuada y de calidad» de los educadores, basada en el buen trato a la infancia y adolescencia y en “el interés superior del menor”.
Por esta razón, el CEES Aragón reitera y exige la colegiación obligatoria, de acuerdo a la legislación aragonesa, como requisito para ejercer la profesión de educador social, que, destaca esta organización «garantiza que todo profesional contratado es educador o educadora social y que tiene la obligación de cumplir el código deontológico de la profesión evitando así el intrusismo profesional que tanto daño está haciendo».
