Zaragoza (EFE).- Como «principal interesado» en que se aclaren los hechos del centro de menores de Ateca (Zaragoza) por los que están en prisión su director y cuatro trabajadores, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha abierto expediente a la responsable provincial del servicio de tutelas y protección a la infancia.
Además, se revisarán los contratos suscritos con todos los centros que atienden a este colectivo.
El Gobierno de Aragón presentará una reclamación istrativa por daños y perjuicios por incumplimiento de contratado a la empresa gestora del centro de Ateca y rescindirá cualquier relación contractual «a presente y a futuro» con la UTE encargada de la gestión de este servicio, la Fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz.
Son las primeras consecuencias istrativas derivadas de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud de ordenar, el pasado 2 de agosto, la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el director y cuatro trabajadores de este centro terapéutico y de régimen abierto como presuntos responsables de delitos de lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal.
Reubicación de los menores
Tras la reubicación de los menores residentes en el centro, después de que la jueza decretara su cierre, y la decisión de personarse en la causa como acusación particular, la consejera ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de estas nuevas decisiones que se completan con la investigación abierta por el propio Gobierno de Aragón respecto al funcionamiento de este centro.
Las investigaciones remontarán hasta la fecha en la que prescriban posibles delitos, con el fin de analizar si se ha podido cometer cualquier negligencia, saber por qué se ha llegado a esta situación, si había denuncias previas, si se informó a algún funcionario o si se ha producido falta de diligencia en el traslado de la información.
«Se van a tomar medidas no solo respecto a los hechos que se están investigando», también «en aquellos que se detecte negligencia profesional en la atención a los menores, sin perjuicio de la investigación que se está llevando a cabo», ha asegurado Susín.
En el caso del expediente disciplinario abierto a la responsable provincial del servicio de tutelas, la consejera lo ha justificado por deficiencias en los canales de información ya que, ha puntualizado, «cualquier incidencia tiene que ser comunicada y no fue así».
Desde el departamento se están recabando informes sobre visitas e inspecciones y desde este lunes ya se estableció un plan trabajo y de vigilancia de todos los centros de menores que incluye, entre otras medidas, una reunión con los directores de los centros para explicarlo y el refuerzo de personal para elaboración de un protocolo de mala praxis.
Revisión de contratos y titulaciones
Asimismo, se revisará si los contratos y titulaciones de los trabajadores se ajustan a lo legalmente establecido, se investigará si habido más casos y se diseccionará el funcionamiento de este tipo de centros para afrontar las mejoras a llevar a cabo.
En este sentido, Susín ha recordado que el pliego de condiciones para contratar los servicios establece el ratio y cualificación de los profesionales que van a trabajar, que se garantiza mediante la presentación de una declaración responsable de que es así y que se coteja por parte de la istración.
No obstante, también ha reconocido que se ha abierto una investigación para verificar «si se ha hecho todo conforme debía hacerse y con todos los centros de menores».
La consejera de Bienestar Social ha itido la complejidad de lagestión de este tipo de servicios en los que se trabaja con personas que tienen «serios problemas», pero ha advertido de que por parte del actual ejecutivo se va a trabajar por mejorar el sistema de protección de menores y proteger su bienestar.
