Zaragoza (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Policía Local y Bomberos, ha desalojado este viernes las 16 viviendas okupadas de un edificio situado en la calle Ramón Pignatelli, dentro del barrio de El Gancho, y alrededor de cuarenta personas han abandonado el inmueble, que se declarará en ruina inminente y se demolerá próximamente.
Ha sido en torno a las 13 del mediodía cuando personal del consistorio ha procedido al desalojo y tabicado del edificio, que se realizará tanto en la planta baja como en los pisos superiores, ante el riesgo de que vuelva a ser okupado. El procedimiento se ha realizado, según los servicios municipales, de manera «voluntaria» y con colaboración de sus ocupantes.
El inmueble, de tres plantas y de propiedad municipal, tiene más de cien años de antigüedad y presentaba «riesgo de colapso en cualquier momento», según ha detallado a los medios presentes el gerente de urbanismo al cargo, Miguel Ángel Abadía. El responsable ha relatado también que el área de la escalera se había desplazado, provocando la rotura de los muros sobre los que esta apoya.
Deterioro del cuadro de luces
«Uno de los elementos más graves que nos hemos encontrado con mayor deterioro era el cuadro de luces, que está totalmente lleno de agua. Hay un chorro de aguas fecales que cae sobre él y hay un riesgo de incendio en cualquier momento», ha apuntado Abadía. También ha incidido en que existe una entrada de agua por varios sitios, por rotura de sus tuberías y deficiente estado de las tejas del inmueble.
Ante esta situación, han decidido declarar este edificio, situado en el número 76 de la calle zaragozana, en estado de ‘ruina inminente’. «Hay que hacer unos apuntalamientos preventivos y una vez finalizados iniciaremos las obras de demolición de del inmueble», ha explicado el gerente, que también ha mostrado la existencia de problemas en sus cimientos.
Dentro del bloque, residían tres familias con menores de edad a su cargo, ya detectadas previamente por los servicios sociales, además de una veintena sin control ni registro alguno. De las familias que no han encontrado alternativa habitacional, el Ayuntamiento ha puesto en disposición los módulos familiares del Albergue Municipal para dos de ellas. La otra ha manifestado su decisión de alojarse en viviendas de familiares.
Dentro de los desalojados se encontraba un menor no identificado que ha sido trasladado por la Policía para su seguimiento.
Desde el consistorio han informado de que se les ofrecerán «todas las ayudas que pudieran corresponder», y el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Pablo citará a las personas afectadas para realizar sus seguimientos y atender sus necesidades.
Se trata de una operación que venía planeándose desde antes de verano, cuando el edificio pasó a ser propiedad municipal, a causa de la negativa de los ocupantes a realizar inspecciones dentro del inmueble, y a las quejas de los vecinos de la zona.
Abadía ha confirmado también que desde el consistorio continúan trabajando para acometer futuras actuaciones en lugares similares.
