Zaragoza (EFE).- A finales de este año o principios de 2026 se convocarán 2.564 plazas para acceder a la istración General de Aragón a través del mercado libre, «una oportunidad única» para la que el director general de Función Pública del Departamento de Hacienda, Interior y istración Pública, Antonio Villacampa, ha animado a la población a concurrir.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa para dar cuenta de los datos del año 2024 referentes al número de nombramientos de empleados en la istración General y dar a conocer la evolución en el mediante oposición a las plazas para ocupar puestos como trabajadores públicos.
La próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) de Aragón acumula las plazas de los años 2023, 2024 y 2025 y la «intención», ha dicho Villacampa, es que los exámenes se ejecuten a los seis meses de anunciar la convocatoria, es decir, en el segundo semestre del próximo año.
Además, ha señalado que la de 2025 es la primera OPE que se ha presentado en tiempo y forma desde «hace muchos, muchos años».
Apuesta por el empleo público
El director general de Función Pública ha hecho hincapié en la apuesta del actual Gobierno de Aragón por el empleo público, al que ha dado, ha asegurado, «un impulso histórico».
Así, ha precisado que frente a los 400 proyectos que había sin ejecutar en 2023, el actual Ejecutivo ya ha puesto en marcha 327 procesos selectivos que suponen 2.646 plazas, de las que 1.289 se han ejecutado y el resto lo harán este año, lo que permitirá estabilizar las plantillas.
Frente a las 61 personas que accedieron a la istración en 2022 y las 262 de 2023, el pasado año lo hicieron 1.280, una cifra que según Villacampa «multiplica» por 20 y por 5 lo hecho en los dos años previos, respectivamente, «gracias a una coordinación y esfuerzo por parte de los trabajadores de la Función Pública», así como al refuerzo del Instituto Aragonés de Fomento.
Estabilización y reducción de la temporalidad
Villacampa ha incidido asimismo en la apuesta por reducir la temporalidad con el objetivo de alcanzar el 8 % que marca la ley a final de legislatura, con una oscilación de entre el 7 y 10 %, dado que es dinámica.
Mientras en 2022 el 91 % de las personas que se contrataron eran interinos y el 70 % en 2023, el año pasado la tasa cayó al 32 % y se espera que a final de este ejercicio baje al 20 %.
«Se ha conseguido nombrar cada semana 25 trabajadores nuevos en la istración gracias a que se han acortado los procesos selectivos a 9 meses» y se han eliminado los procesos de prácticas, entre otros.
Además, a los interinos de larga duración se les ha dado la posibilidad de hacerse fijo mediante un concurso de méritos.
El incremento de la promoción interna ha sido también de un 227 %, una apuesta que, según el director general de Función Pública, está garantizando que un funcionario pueda hacer su carrera dentro de la istración «siempre que cuente con los requisitos».
Puestos de difícil cobertura
Preguntado por los puestos de difícil cobertura en Aragón ha asegurado que la estabilización de la plantilla pasa por que entre suficiente personal para cubrir todas las plazas vacantes.
El objetivo del Gobierno de Aragón es que a final de legislatura se logre la normalización completa y se convoque la OPE propia de cada año.
Ley de Función Pública
Entre los cuatro proyectos en los que trabaja el actual equipo de Función Pública, el proyecto «estrella» es la puesta nueva ley de Función Pública dado que la anterior «se ha quedado obsoleta y antigua».
Se trata, ha reconocido, de «un gran reto» que persigue contar con una ley «moderna» y acorde a la evolución que ha experimentado la istración desde 1991 en cuanto a digitalización, inteligencia artificial, formación en nuevos grados o FP.
El plan es que el anteproyecto entre en las Cortes en verano, para iniciar su tramitación y abrir el periodo de presentación de enmiendas, aunque cree que no tendrá «gran oposición» porque la intención es negociarla durante el proceso de elaboración del anteproyecto para que esté aprobada antes de fin de legislatura.
El resto de los proyectos en los que trabaja el departamento son el decreto de indemnización por razón del servicio; la evaluación de todos puestos de trabajo, «muy ambicioso y que se centra en valorar la dificultad del puesto de trabajo», y el plan de prevención de Riesgos Laborales de todos los departamentos.
