Zaragoza (EFE).- El Gobierno de Aragón ha comunicado este martes al Ministerio de Juventud e Infancia los datos de menores extranjeros no acompañados atendidos a lo largo de 2024, en total 494 con un pico de 216 a 31 de diciembre, el doble de las plazas específicas con las que cuenta la comunidad en el sistema de protección para atender a estos menores.
Así consta en el escrito que la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, firmó el 14 de mayo y ha remitido este martes al ministerio, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara la isión a trámite del recurso interpuesto por el ejecutivo de Jorge Azcón contra el real decreto ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados y desestimara su solicitud de medidas cautelares para suspender la obligación de remitir los datos.
«Este Gobierno no es insumiso, cumple con la ley y lo que dictan los tribunales», ha defendido la consejera en una rueda de prensa, en la que ha insistido en que la negativa a proporcionar los datos respondía al convencimiento de que el real decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez, «pergeñado con sus socios independentistas», es contrario a la Constitución y «una concesión basada en la desigualdad, alumbrada al dictado de un prófugo de la justicia», en alusión al presidente de JxCat, Carles Puigdemont.
A juicio de la consejera, este real decreto ley no se ha planteado para salvaguardar el interés superior de los menores migrantes no acompañados que están en Canarias y Ceuta, porque los criterios que contiene están hechos «a medida» de Junts, que «no quiere migrantes, ni adultos ni menores». «Solo sirve para sujetar los 7 votos que permiten que el presidente del Gobierno de España mantenga su sillón en la Moncloa», ha subrayado.
Un argumento que ha querido apuntalar al comparar el número de migrantes acogidos en 2024 en Aragón y en Cataluña: 1 por cada 2.736 habitantes frente a 1 por cada 3.069. Además, ha enfatizado, Cataluña es la única comunidad que ha ido reduciendo progresivamente la llegada de menores migrantes no acompañados cuando el resto ha sufrido «picos de saturación de octubre a diciembre».
En este contexto, ha criticado que Aragón «tiene que tener algo más de 400 plazas vacías para acoger a los menores no acompañados que considere el señor Puigdemont», sin financiación, apoyo y medios, ha insistido.
Según ha detallado Susín, el sistema de protección autonómico cuenta con 363 plazas, de ellas 104 específicas para atender a menores migrantes no acompañados en programas de acogida y autonomía.
El resto se distribuyen entre plazas para menores embarazadas (4), para menores con discapacidad (21), en centros de internamiento (45), en centros para menores con trastornos de conducta (15), en hogares para niños en proceso de reunificación familiar (18) y otras 157 plazas en diversos recursos para menores en situación de desprotección.
Aragón atendió a lo largo de 2024 a 494 menores migrantes no acompañados con un pico de 216 a 31 de diciembre, un 207,69 por ciento más de las plazas estructurales para estos menores, lo que obligó a habilitar plazas y a ocupar del resto de sistema para darles solución.
Además, Aragón atendía a 31 de diciembre de 2024 a un total de 119 jóvenes extutelados dentro de los programas de transición a la vida adulta e independiente.
La consejera ha destacado que el pico de atención se produce siempre entre septiembre y diciembre, cuando la ruta canaria está más activa, y que como denuncia Aragón desde octubre de 2023, se están reubicando menores entre adultos aunque el Gobierno de España «lo niega».
Quiebra de la solidaridad
La consejera ha recordado que Aragón ha recurrido el real decreto ley ante el Tribunal Constitucional y también los distintos actos istrativos que de éste se derivan al considerar que rompe el principio de igualdad, quiebra la solidaridad y cooperación interterritorial entre comunidades, contraviene los consensos alcanzados en la conferencia sectorial de 2022, vulnera las leyes de infancia y de extranjería e invade competencias autonómicas.
La consejera ha reiterado que el Gobierno de Aragón «nunca se ha resistido a cumplir la ley», como demuestra la firma ya el 14 de mayo del documento con los datos remitido hoy al ministerio.
Susín ha asegurado que el Gobierno de Aragón seguirá defendiendo los intereses de la comunidad y cumpliendo con sus obligaciones, en este caso de aportar los datos requeridos «con total transparencia».
Ha hecho hincapié en que el Gobierno de Aragón cumple con la ley y con lo que dictan los tribunales, mientras que el Gobierno de España «ha bajado los brazos» y no cumple con la orden del Tribunal Supremo que le conmina a reubicar a 1.200 menores que permanecen actualmente en Canarias solicitantes de asilo.
Así, ha exigido al Gobierno de España que cumpla con lo que exige el Supremo, porque de lo contrario, ha dicho, reubicará a esos 1.200 menores entre los que repartirá entre las comunidades.
