Naiare Rodríguez Pérez |
Zaragoza (EFE).- En Zaragoza hay quien paga 60 euros al mes por dormir en un trastero sin ventilación ni baño. Lejos del estereotipo de cartón en la acera, el sinhogarismo se ha vuelto más invisible y complejo, con trasteros alquilados, habitaciones compartidas o viviendas okupadas sin agua ni luz. Realidades que, sin parecer calle, tampoco son hogar.
A pesar de contar con una red sólida de entidades sociales, la capital aragonesa ha visto crecer en silencio el número de personas sin techo digno y, con ello, la urgencia de abordar una situación que ya no responde a un solo perfil ni a una única historia.
En la Fundación San Blas, especializada en la atención a personas sin hogar, han atendido a una media de 150 personas diarias en lo que va de año. “Por primera vez desde 2020 hemos tenido que abrir una lista de espera”, explica a EFE Leyre Bernad, psicóloga clínica y coordinadora de la entidad.
“Llegó un momento donde nos quedábamos sin alimentos. Había gente que, aunque tenía tarjeta y era usuaria, no podía cenar porque no llegaba. Y eso no puede ser”, lamenta esta profesional, quien afirma que están “saturados”.
Una red de ayuda colapsada
La saturación no es sólo cuestión de volumen. El sistema, según Bernad, se ha visto “desbordado”, especialmente desde 2020, por el aumento sostenido de personas en situación de calle y por el perfil cada vez más diverso de quienes llegan a pedir ayuda.
“Hemos recibido cada semana a dos o tres jóvenes extutelados que han salido de centros de menores. Pasan de tener educadores, formación, alimentos y un hogar, a verse obligados a vivir en la calle”, añade.
La emigración es otro de los motivos del aumento progresivo de personas que se encuentran en esta situación y es que, tal y como comparte, casi el 80 % de las personas que atienden son de origen extranjero.
En este sentido, Bernad reconoce que han notado “mucho” la llegada de nuevas personas solicitantes de protección internacional y critica que ahora, con la reforma de la Ley de Extranjería, “se pueda mantener o empeorar la situación”.
“Como todos vemos en las noticias, está llegando muchísima gente de otros países en donde tienen muy mala situación y lógicamente tienen que emigrar. Sin embargo, aunque Zaragoza cuenta con algún recurso, el sistema ha colapsado un poco”, asegura.
La vida en una taquilla
Además de acompañar, atender, prestar servicio y dar oportunidades a las personas sin hogar, desde la Fundación San Blas, situada en el barrio Jesús, ofrecen 124 taquillas personales en donde pueden guardar sus pertenencias, como mantas, sacos de dormir o esterillas. Al mismo tiempo, han habilitado un archivo con llave para guardar la documentación, ya que muchos pueden perderla o verse en la situación de que se la roben.
Con el objetivo de “no dibujar el perfil típico de persona sin hogar abandonada”, desde la entidad social también reparten ropa de abrigo y kits de aseo para que puedan mantener sus rutinas de higiene.
Un perfil que se diversifica
El estereotipo del hombre de mediana edad, con problemas de salud mental o adicciones se ha difuminado. En su lugar ha aparecido un grupo más joven, más diverso y no menos vulnerable. “Hemos tenido muchas personas de África subsahariana, jóvenes migrantes, extutelados… pero casi ninguna persona mayor”, asegura Bernad.
Y también matiza: “A pesar de la dureza de la situación, no hay tanto trastorno mental como se piensa. Sí tienen dificultades emocionales porque no dejan de ser personas que están solas o tienen un círculo social muy reducido, pero son personas muy resilientes”.
No obstante, reconoce que sí hay momentos puntuales en los que tienen “momentos emocionales bajos”, sobre todo ligados al rechazo o las trabas burocráticas para poder regularizar su situación. “Son bajos porque tienen que gestionar estas emociones muy de golpe, pero no se perpetúan en el tiempo”, agrega.
La burocracia como muro
De hecho, es la burocracia una de las mayores barreras según la Fundación San Blas, ya que “puede haber una persona que hace todo perfecto, va a las citas y cumple con todo a tiempo, pero que la lentitud istrativa le echa todo para atrás”.
El papeleo, los empadronamientos imposibles y los trámites online que requieren documentación que no tienen han convertido el a la regularización en una hazaña casi imposible. “Es descabellado que una persona quiera trabajar y una empresa quiera contratarla y tenga que estar dos años en situación irregular antes de poder hacerlo”, indica.
Una situación a la que se suma la dificultad para acceder a una vivienda y el racismo que existe a la hora de alquilar una propiedad a un joven extranjero. Para Leyre, esto “no ayuda para nada”, ya que desde la Fundación se han visto en la situación de “llamar a un piso y ver cómo, cuando dices que es para un chico marroquí de 20 años, no te lo quieren alquilar”. “Da igual que esté estudiante, trabajando o que cobre 1.300 euros al mes. Le van a decir que no y no se fían”, indica.
Tal y como confirma, Zaragoza es solidaria, pero el a la vivienda es una de sus grandes barreras estructurales. “Los precios elevados que hay ahora no permiten que las personas que vienen aquí y cobran una pequeña prestación mensual puedan entrar a un piso y remontar”, dice.
De esta forma, afirma, los recursos “se bloquean” debido a que “quienes están listos para salir no pueden irse y quienes llegan no pueden acceder a las alternativas habitacionales que se ofrecen”.
El número de personas sin hogar es indeterminado
Lo que tiene claro es que el número de personas que están sin hogar es indeterminado ya que, aunque se realiza un recuento cada dos años gracias a Cruz Roja, solo se recogen datos de las personas que hay en la calle ese día.
“Por un lado están las personas que duermen en la calle, a orillas del río o en portales. Y, por otro, todas aquellas que tienen alquilado un trastero o están en viviendas okupadas sin luz ni agua”, apunta, al mismo tiempo que remarca que “aunque tengan un techo, no tienen hogar ni sus necesidades básicas cubiertas”.
Con el ánimo de que se revise el Plan de Inmigración y se adecúe al número de personas que llegan a cada ciudad, desde la Fundación San Blas, donde hay cuatro personas contratadas y 90 voluntarios, no pausan su labor y dan cobertura a alrededor de 1.200 personas al año.
Pese a todo ello y con la realidad actual “muy presente”, Leyre Bernad solicita una mayor ayuda, “no solo de personal, sino de provisiones”. “Necesitamos alimentos, más recursos habitacionales y subvenciones para poder llevar a cabo grandes proyectos que ofrezcan alternativas al mayor número de personas posibles”.
