Las Palmas de Gran Canaria, (EFE).- El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado Caso Áridos en Güímar (Tenerife) y ha avanzado que su departamento trabajará de forma coordinada con el Cabildo insular para estudiar cómo recuperar esa zona.
Hernández Zapata ha avanzado ante los medios de comunicación este lunes que una de las alternativas que hay sobre la mesa sería el hidrobombeo, de tal manera que se aproveche el salto existente entre la extracción de la parte alta y las extracciones de la parte baja para crear un salto de agua que permita generar electricidad.
«Una posible solución de la que se ha estado hablando y que se ha puesto sobre la mesa por una asociación, Fepeco, podría ser el hidrobombeo; de tal manera que, aprovechando la parte alta con las extracciones de la parte baja se pudieran construir en la zona dos embalses y, con la altura, provocar un salto de agua que con turbinas pudiera generar electricidad», ha explicado.
El consejero ha agradecido «el trabajo» de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la rapidez con la que ha respondido después de que el pasado día 12 de noviembre se celebrara la vista de casación de este asunto.
El Alto Tribunal ratifica la condena
En la sentencia, que ha adelantado este lunes el periódico ‘El Día’, el Supremo desestima los recursos presentados y ratifica la decisión de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife de condenar a varios empresarios a pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar.
Un asunto que viene del año 2005 y que, con esta resolución del Alto Tribunal deviene firme, por lo que el Gobierno canario podrá, a partir de este momento, «sentarse a trabajar, a buscar alternativas para la recuperación» de esta zona, ha indicado Hernández Zapata.
Aunque ha hablado de la solución del hidrobombeo, el consejero ha itido que existen «varias alternativas sobre la mesa», y que la clave para decidir qué se haga vendrá de «sentarse con el Cabildo de Tenerife y trabajar de manera coordinada».
Y es que, aunque el Gobierno regional sea el que tiene las competencias en este asunto, busca hacer «algo de forma conjunta» con la corporación insular para que ambas istraciones estén «cómodas» a la hora de tomar las decisiones.
Los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia fueron condenados en enero de 2016 por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente a restaurar la zona dañada.
Sin embargo, la Audiencia Provincial sustituyó en enero de 2021 esta obligación de restablecer el medio natural por la indemnización tras declarar la imposibilidad de restaurar el equilibrio ecológico, en una resolución que ahora ratifica el Supremo. EFE
