La Laguna (Tenerife) (EFE).- La abogada experta en atención a la infancia migrante Patricia Fernández Vicens ha afirmado este jueves que el colectivo de los menores extranjeros, especialmente los no acompañados, ha sido la diana del discurso de odio en los últimos años, una situación que «toca revertir» cuanto antes.
Durante una ponencia en las jornadas sobre el a la justicia de la infancia migrante y refugiada, organizadas por la Universidad de La Laguna y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Fernández Vicens ha hecho hincapié en que los menores de edad es el sector social con mayor irregularidad migratoria y ha pedido tener cuidado con los sesgos y apriorismos sobre estas realidades.
«Tenemos un marco teórico de reconocimiento de derechos que es bastante sólido. El problema es que está muchas veces vacío de contenido por la dificultad en el ejercicio de esos derechos. El derecho a la justicia es un derecho humano y también garantía para el cumplimiento de los demás derechos», ha aseverado la letrada.
Para que la justicia sea accesible, ha insistido, tiene que ser comprensible y, por tanto, debe haber una justicia adaptada a la infancia y reconocer el derecho a la asistencia letrada durante todos los procedimientos que afecten a la infancia migrante.
También ha advertido de la necesidad de tener garantizado el a la interpretación y la traducción efectiva, pues muchas veces la comprensión de los procedimientos se quiebra por la falta de intérpretes cualificados.
«Operan los prejuicios, por ejemplo, cuando no se tiene en cuenta que un niño afgano no puede ser atendido con un intérprete de árabe», ha ejemplificado la abogada, que ha opinado que la óptica de la extranjería «contamina» la protección a la infancia.
Si se habla de menores extranjeros no acompañados, lo primero que debe primar, ha agregado, es el derecho a la identidad, a la infancia y al futuro. «Y los tres derechos van de la mano», ha apostillado.
En este sentido, ha lamentado que muchas veces se confundan nombres y apellidos de los menores o se escriban mal al transcribirlos por primera vez.
Para Fernández Vicens, en España se produce una quiebra de la presunción de minoridad de los niños y adolescentes que llegan y ha lamentado que, de hecho, el sistema esté orientado más bien a una presunción de la mayoría de edad.
«Un niño lo es desde que lo dice y, para no considerarlo como tal, debemos haber probado que es un adulto. Y, a veces, lo que ocurre es que desde el menor indicio que es adulto, se asume que lo es», ha apuntado la abogada, que ha criticado que no haya expertos que determinen la edad del menor, pues lo suele hacer el fiscal de menores, a veces sin informes que sustenten la decisión.
Sobre la decisión del fiscal que determina la mayoría o minoría de edad de un migrante, ha añadido, no cabe recurso, por lo que, a su juicio, no se está protegiendo el interés superior del menor.
Fernández Vicens ha declarado que la competencia para identificar a un menor no acompañado es de todos los agentes sociales, desde el abogado que lo atiende, hasta el personal de los centros de asistencia.
El caso más dramático que recuerda, ha señalado, es el de una niña de 10 años de Costa de Marfil con lesiones que llegó a Motril junto a otras mujeres y a la que internaron en un Centro de Internamiento para Extranjeros en Madrid.
La niña durante su proceso migratorio se relacionó con policía, abogados, Cruz Roja, un juez, funcionarios del centro y equipos psicosociales, si bien quien detectó que se trataba de una menor de edad, y lo dijo por primera vez, fue una limpiadora del CIE.
Fernández Vicens ha itido que muchas veces el trabajo con menores es difícil porque no se identifican como tal por muchos motivos: no saben qué significa ser menor, no conocen su edad o tienen una identidad clandestina fruto de su estrategia para llegar a Europa, lo que les obliga a invisibilizarse, algo de lo que un menor «no se puede desprender fácilmente».
«Cuando un niño dice que es menor siempre hay una sombra de duda. Y se piensa que invoca su condición de menor para soslayar las restricciones de la ley de extranjería. Por eso, cuando hablamos de infancia migrante se quiebran todos los principios, como el que establece el Código Civil respecto a que los derechos se ejercen de buena fe», ha relatado la letrada, que ha lamentado que se tienda a pensar que el menor miente sobre su edad.
Para Fernández Vicens, el sesgo y el prejuicio «se desata» a la hora de valorar la apariencia física de los menores negros y el margen de error de las pruebas es muy amplio.
Así, ha explicado que, por ejemplo, las radiografías de muñeca que se realizan a los menores extranjeros se comparan con una base de datos de los años 50 creada para estudiar trastornos de crecimiento en población blanca en Estados Unidos.
«¿Qué tiene que ver un niño norteamericano de los años cincuenta de clase media con un niño de Bangladesh?», se ha preguntado Fernández Vicens, que ha lamentado que se dé mas fiabilidad a este tipo de pruebas que a documentos expedidos por terceros países, pues se tiende a pensar, por sesgos, que en muchos países africanos, por ejemplo, se falsifica la documentación.
La jurista también ha criticado que en ocasiones no se asigne un NIE a los niños que vienen acompañados de su familia, algo que luego repercute negativamente en su a los derechos de infancia y les pone en riesgo frente a cuestiones como la trata. «Va en contra del derecho a la identidad», ha subrayado.
La abogada ha demandado que durante estos procesos no se les pregunte únicamente a los menores por sus motivos para venir, ya que sus respuestas a esta pregunta suele encasillarles como migrantes económicos, sino que se les debería preguntar por qué se han ido o qué pasaría si volviesen a su país.
En suma, ha culminado, debe haber un proceso «holístico» de identificación que haga frente a un sistema de protección a la infancia «especialmente débil» que, en su opinión, no está preparado para atender las necesidades especificas de la infancia migrante, más allá del esfuerzo de los equipos profesionales. EFE
