Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias en la que se insta al Gobierno autonómico a dictar un decreto ley para crear un tributo de carácter finalista que grave las estancias turísticas en Canarias de personas no residentes en las islas, más conocida como tasa turística.
El principal grupo de la oposición indica que esta tasa tendría la finalidad de lograr un reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico, contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y mejorar la sostenibilidad «de nuestro frágil territorio».
En su iniciativa, el grupo Socialista reconoce que el sector turístico ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Canarias y ha sido el motor principal de su economía prácticamente desde su florecimiento en las islas en la década de 1960, llegando a representar en el ejercicio 2022 un 35,5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) regional y copando el 39,7 por ciento del total del empleo existente en el archipiélago.
El grupo Socialista alaba a un sector que ha permitido convertir a Canarias en uno de los destinos turísticos más populares a nivel internacional, y destaca cifras récord como las conseguidas en 2019, justo antes de la pandemia, con la llegada de 13,14 millones de turistas y un gasto generado de 16.854,32 millones de euros.
Tras la pandemia, el turismo se recuperó y en 2023 se alcanzó la cifra de 14,1 millones de visitantes extranjeros, y la facturación turística alcanzó 19.565 millones de euros.
Unos datos, añade la propuesta socialista, a los que deben sumarse los derivados del turismo nacional, que ha atraído a las islas más de dos millones de turistas en 2023, cifras nunca antes vistas que totalizan más de 16 millones de turistas.
Sin embargo, añade, al «muy buen desempeño» del sector turístico durante los últimos años no se puede esconder otra realidad: bajos salarios, condiciones laborales precarias, encarecimiento de la cesta de la compra y difícil a una vivienda digna a precios razonables son algunos de los problemas a los que se tienen que enfrentar los miles de canarios y canarias cada día.
También recuerda el informe de Sostenibilidad del Turismo en Canarias elaborado por las dos universidades públicas, que advierte que las islas deben afrontar, desde su condición de lejanía, insularidad y ultraperiferia, los desafíos sociales y ambientales en la gestión turística asociados al alto volumen de pernoctaciones turísticas y a su concentración en determinadas zonas del territorio, pues casi la mitad (46,74%) corresponde a espacios naturales protegidos.
Recuerda además que el Estatuto de Autonomía requiere que los poderes públicos velen por que el fomento de la actividad turística y su ordenación se lleven a cabo con el objetivo de lograr «un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio cultural canario y el territorio”.
Y para conseguir ese objetivo es necesario arbitrar todos los instrumentos al alcance de las istraciones Públicas, de modo que en la gestión del turismo intervengan no solo la política turística sino también la política territorial, la política medioambiental y también la política fiscal.
En opinión del PSOE, los buenos resultados turísticos conviven con la «inaceptable consideración» de Canarias como la segunda región del Estado con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, y provocan tensiones en sus infraestructuras básicas: ceros energéticos, escasez de agua, vertidos de aguas residuales o congestión de tráfico, entre otros efectos adversos.
El grupo Parlamentario Socialista entiende que se dan las condiciones para la adopción de una política fiscal que atienda a la realidad del momento en que ha de ser aplicada y contribuya a dar respuesta al contexto social, económico y medioambiental del archipiélago.
Agrega que todo ello con una doble finalidad de amplio alcance social: por un lado, crear una herramienta que favorezca la equidad, la justicia social y el reparto de la riqueza, permitiendo que las personas turistas que visiten Canarias colaboren de manera progresiva en función de su capacidad de consumo y el impacto climático y medioambiental de su estancia turística; y por otro, establecer un mecanismo para obtener recursos con los que poder sostener políticas destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Recuerda que son varios los destinos turísticos localizados en todo el mundo que han implementado con éxito tributos sobre las estancias turísticas, dirigidos principalmente a abordar problemas como la congestión, el deterioro ambiental y la presión sobre las infraestructuras básicas.
La iniciativa propone que el destino de estos nuevos recursos se dirija de forma prioritaria no solo a mejorar las condiciones de vida, sino a arbitrar políticas específicas que permitan un reparto más justo de la riqueza y que contribuyan a paliar los efectos indeseados generados por un sector vital para las islas.
«Una vez recuperado el turismo tras la pandemia, ahora debemos apostar por la sostenibilidad. Toca proteger nuestro territorio, cuidar nuestros espacios naturales, frenar el cambio climático e impulsar el desarrollo social de forma justa y equilibrada» añade. EFE
