Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha abierto diligencias por un delito contra la ordenación del territorio en Gran Canaria contra 136 personas a las que se acusa de levantar construcciones ilegales en suelos rústicos de protección ambiental.
Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, el Seprona puso en marcha esta operación, denominada ‘Domos’, a principios de 2023, como respuesta al incremento de construcciones que estaba detectando en zonas de la isla donde está prohibido este tipo de uso.
En concreto, los agentes había observado que estaban «proliferando construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos, donde están prohibidos ese tipo de usos, hechos que conllevan la degradación de zonas ambientales sensibles y ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas».
La Guardia Civil detectó un patrón de actuación en la mayoría de los casos por parte de los principales promotores de este tipo de obras ilegales, que «procedían a la adquisición de fincas rusticas en las cuales el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico».
Luego, añade, las segregaban y parcelaban «perfectamente delimitadas», para convertirlas en subfincas que eran vendidas «a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción».
«Estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de a las subparcelas e incluso gestionaban la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, falseando los boletines de instalación para obtener el suministro», detalla el Seprona.
Posteriormente, los nuevos propietarios procedían a construir dentro de las subparcelas «sin ningún tipo de licencia» edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
La Guardia Civil advierte de que este tipo de construcciones «crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios» y generan «una problemática en la gestión de los residuos y s, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios».
Todo ello, agrega, «causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida».
El Seprona alerta de que «este tipo de actuaciones, causan un daño al medio ambiente en ocasiones irreparable, puesto que estas obras dejan una huella sobre el suelo natural difícilmente restaurable, lo que conlleva una pérdida sustancial de espacios naturales, de suelo agrícola y de biodiversidad en un ecosistema tan delicado como es el canario».
Este tipo de delitos contra el territorio pueden comportar penas de prisión de uno a tres años, la orden de derribo de lo construido ilegalmente y sanciones que pueden superar los 200.000 euros, recuerda la Guardia Civil.
«Para evitar este tipo de consecuencias penales, antes de comprar y realizar cualquier tipo de actuación urbanística, se debe solicitar información sobre su viabilidad ante el servicio de disciplina urbanística del municipio afectado o, en su defecto, ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural», recomienda. EFE
