Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las Audiencia de Las Palmas ha aplazado hasta el 17 de junio de 2025 el inicio del juicio por el presunto quebranto económico de 23,4 millones de euros cometido en la empresa de aguas de la capital grancanaria, Emalsa, entre los años 2008 y 2012, debido a la baja por enfermedad de uno los letrados de la defensa, que representa a tres procesados.
El presidente del tribunal que juzga el caso, Pedro Herrera, ha informado este miércoles a las partes de que el estado de salud del abogado José María Palomino, que sufrió una indisposición en la misma sala de vistas el martes, en el primer día de juicio, impide continuar con el calendario previsto, por lo que se ha decidido posponerlo hasta junio de 2025 para no perjudicar el derecho de defensa de sus clientes, un empleado y dos directivos de la empresa Satocan.
Asimismo, el tribunal ha comunicado que acepta el informe económico elaborado por la consultora Kroll, apoyado por las defensas de los 15 acusados que figuran en la causa al cuestionar el supuesto quebranto ocasionado por los socios privados de Emalsa a esta empresa municipal y que la Fiscalía de Delitos Económicos cifra en 23,4 millones de euros.
Herrera ha explicado que con la suspensión del juicio se rectifica la decisión de la sala de 19 de septiembre, por la que se rechazó por extemporáneo, para que el documento pueda ser objeto de estudio y contradicción, ya que no merma la capacidad de actuación de las partes.
La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, que ayer martes se opuso a su isión, ha considerado que dadas las circunstancias no ve inconveniente en aceptarlo, al disponer de tiempo suficiente para su examen.
Las otras dos acusaciones que se opusieron, la representación del Comité de Empresa del Ayuntamiento y la Asociación Cívica ‘El Sol sale para todos’, tampoco han formulado objeciones, ya que el tribunal ha accedido a su traslado a los peritos judiciales y al perito de la consultora Auren, así como la presentación de un informe de contradicción al estudio de Kroll.
Este estudio de contradicción solicitado por ‘El Sol sale para todos’ deberá estar concluido antes del 17 de mayo, según ha señalado el presidente del tribunal.
Herrera trasladó a la sala la decisión de posponer el juicio, después de que el abogado que sustituye a Palomino, Pablo Mariño, expusiera que los tres imputados a los que defiende expresaran su interés en que les represente su abogado, de quien a su vez ha dicho que lamenta las molestias causadas y que su deseo es continuar en la causa.
En cuanto al resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, Herrera ha informado de que se ite la documental aportada y que las relativas a la vulneración de derechos fundamentales se resolverán en sentencia.
La abogada Noelia Afonso, que junto al también letrado Alberto Rodríguez-Mourullo, reclamaron la isión del estudio de Kroll, al que se adhirieron el resto de defensas, ha considerado, en declaraciones a EFE, «muy importante» la isión de este informe, titulado ‘Análisis crítico del escrito de acusación del Ministerio Fiscal’.
Este estudio «aclara y compila» las conclusiones de otras periciales aportadas por las defensas y determina que «no hay perjuicio económico a Emalsa ni incumplimientos» como sostienen las acusaciones, ha remarcado.
Penas de hasta seis años de cárcel
La Fiscalía pide condenas de hasta seis años de cárcel a trece de ellos por un supuesto delito de apropiación indebida continuada o, alternativamente, de istración desleal, mientras que para los dos restantes interesa una condena de dos años y nueve meses de cárcel, como cooperadores necesarios del contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa a la empresa Satocan, que también cree lesivo.
En caso de que los hechos sean considerados como un delito de istración desleal, la acusación pública solicita que se imponga a los trece primeros una condena de cuatro años de cárcel y una multa de 46 millones de euros a cada uno, mientras que para los otros dos propone penas de dos años y nueve meses de prisión y también 46 millones de euros de multa.
Además, pide que indemnicen de forma conjunta y solidaria a Emsalsa con el pago de 23 millones de euros, salvo los dos acusados para los que reclama una pena menor, que deberán hacerlo por un importe de 2 millones de euros.
La fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos relata una serie de prácticas por parte de los socios privados de Emalsa en su anterior etapa (Saur y Valoriza, propietarios entonces cada uno del 33 % del capital de la sociedad de aguas) que habrían servido para beneficiar a sus empresas en perjuicio del Consistorio (titular del 34 % restante).
La acusación pública cuestiona 18 contratos de mantenimiento suscritos por Emalsa con la empresa Sercanarias, vinculada a sus, por entonces, socios privados, Saur y Valoriza, a precios que considera por encima del mercado y lesivos para los intereses de la empresa municipal de aguas. EFE
Asimismo, el tribunal ha comunicado que acepta el informe económico elaborado por la consultora Kroll, presentado por las defensas para cuestionar el supuesto quebranto ocasionado por los socios privados de Emalsa a esta empresa municipal y que la Fiscalía de Delitos Económicos cifra en 23,4 millones de euros. EFEEFE
