Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).- La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha dicho este miércoles que es «oportuno y sensato» el anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), de que su departamento se personará en el expediente de declaración como bien de interés cultural (BIC) del monumento a Franco.
Ha agregado que el ministro «hace lo que tiene que hacer», es decir, promover el cumplimiento de la ley de memoria democrática, y ha recordado que esa acción de personarse en la incoación del expediente ya se ha realizado en otros lugares, y ha emplazado a lo que determinen los expertos sobre la protección.
Ha asegurado que ha oído las declaraciones del ministro, y él «deja claro que en caso de tener valores (artísticos) tendrá que resignificarse y renombrarse».
Por su parte, al vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), le ha sorprendido «la celeridad» con la que ha anunciado esa personación del Estado, y ha lamentado que esa misma agilidad no se dé en otros asuntos que «parece» que están bajo responsabilidad del ministro por asignación presidencial como la crisis migratoria en las islas.
En ese mismo contexto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recalcado que la sentencia judicial al Cabildo tinerfeño, que le ha obligado a incoar el expediente BIC al monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife, deriva del «mal trabajo» del anterior mandato, del PSOE y Podemos.
«Que no quede la más mínima duda de que cumpliremos con la Ley de Memoria Democrática», ha expuesto la presidenta insular, que ha señalado que «si estamos en este punto, con una sentencia judicial ordenando a proteger un monumento, es porque el PSOE hizo mal el expediente en la etapa anterior».
Ha afeado además que, mientras el gobierno insular estaba liderado por el PSOE, ni al entonces presidente insular, Pedro Martín, ni al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, les preocupase lo que pasara con ese monumento ni el riesgo de que «esa ignominia» se quedara «para siempre» en la capital tinerfeña.
«No queremos que quede en duda que ni el PP ni CC, el gobierno insular, tiene intención alguna de que ese vestigio franquista pueda seguir ahí», ha expresado.
Ha recordado que, una vez conocida la sentencia judicial, que obligaba al Cabildo a incoar el expediente, la posición política del grupo de gobierno insular, en caso de que los expertos concluyan en sus valores artísticos y su protección, era la de cumplir con la ley de memoria democrática.
Esa misma ley, ha dicho, «recoge que se pueda resignificar y renombrar» el monumento, una vía que ahora defienden PP y CC con una moción al pleno. EFE
