Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha denunciado este martes que el Gobierno canario «veta con una política fiscal de mentiras masivas» la restitución de la bonificación del combustible profesional.
Ante «la inacción del Gobierno canario», ha dicho en una rueda de prensa, NC ha presentado una proposición de ley para restituir la bonificación al impuesto al combustible profesional, que estuvo en vigor en 2022 y 2023, «para ayudar a 20.000 pymes y autónomos y a 5.000 agricultores y ganaderos».
Rodríguez considera que este Gobierno «solo cumple con los ricos», mientras «maltrata a los autónomos y trabajadores», ya que mientras elimina el impuesto de donaciones y sucesiones, que solo beneficia a 6.700 personas, «miente y machaca» a la mayoría social canaria.
La restitución de la bonificación del combustible profesional supondría al año un coste de 18 millones de euros, una cuantía «ridícula», a juicio de NC, ya que el impuesto de donaciones y sucesiones supone «45 millones de euros de media anual», que «no alegaron que fueran a desestabilizar los presupuestos» en aquel momento.
«Durante la anterior legislatura suspendimos de facto el impuesto y, curiosamente, los defensores de la bajada de impuestos lo han restituido, ya que aunque se aprobó por unanimidad una PNL sobre esta cuestión, han vetado esta bonificación incumpliendo el compromiso de mantenerla en 2024 alegando argumentos peregrinos», ha referido.
La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, ha añadido que la bonificación al impuesto de combustible profesional estuvo en vigor hasta diciembre 2023, «pero en una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios en febrero de 2024 nos enteramos de que la habían eliminado».
Se presentó entonces una PNL que fue debatida el 20 marzo en el Parlamento y aprobada por unanimidad «tras una intensa negociación e incluir una enmienda», pero en vista de que en julio «no habían hecho nada», Nueva Canarias presentó esta proposición a la que «el Gobierno ha presentado un veto».
El responsable de las políticas económicas, presupuestarias y fiscales del grupo de NC-BC, Fermín Delgado, ha explicado que una proposición «solo puede ser vetada por razones presupuestarias, no por intereses políticos», algo que, a su juicio, es lo que ha ocurrido, ya que «18 millones al año no ponen en cuestión los presupuestos».
«No entendemos por qué la han vetado, pero tendrán que explicar a los sectores afectados esta medida y el sentido de su decisión», ha aseverado. EFE
