Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacen frente común contra la planta de gas proyectada en el puerto de La Luz, en la capital de la isla, con una moción que presentarán en ambas instituciones en la que también se abren a buscar alternativas.
En una rueda de prensa conjunta celebrada este lunes en el muelle de Santa Catalina, Cabildo y Ayuntamiento han mostrado sintonía para trabajar por otras opciones a la planta de gas y central eléctrica de 70 Mw destinada al suministro del puerto y buques atracados que prevé ejecutar en el recinto la empresa Totisa Holdings, ya que según han denunciado, perjudicaría la transición ecológica y la salud de los vecinos cercanos al punto en el que se instalaría.
El presidente de la corporación insular, Antonio Morales (NC), y la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias (PSOE), han anunciado que se presentarán en los próximos plenos de ambas instituciones sendas mociones «por un puerto seguro, sostenible y saludable» en la que muestran su rechazo al proyecto de Totisa.
«Este es un proyecto no solo innecesario sino también potencialmente peligroso para la salud», ha defendido Morales, quien ha agregado que la instalación de esta planta «no le interesa a la isla, ni a la capital, no satisface ninguna necesidad del pueblo, no contribuye a la descarbonización, aumenta el riesgo de enfermedades y frena las iniciativas de crear espacios verdes y sostenibles».
Una postura que ha compartido Darias, quien ha asegurado que su grupo de gobierno (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) seguirá trabajando «para hacer una ciudad por y para la vida» y que piense no solo en las generaciones actuales, sino también en las futuras a la hora de tomar decisiones: «Esta moción no es una iniciativa contra nadie, sino a favor de la ciudadanía».
Tanto ella como el presidente insular han defendido la importancia de preservar la sostenibilidad tanto a nivel insular como en la propia capital grancanaria, añadiendo que el que representa la instalación de esta planta regasificadora y central eléctrica no es el modelo que buscan ambas instituciones.
Es por ello que han invitado a todos los partidos con representación en los plenos de ambas instituciones a sumarse a esta moción, ya que, ha defendido Darias, «la política está para cambiar a mejor la vida de la población», recordando que el rechazo vecinal y de entidades del tercer sector es mayoritario.
Un «engaño»
En su declaración a los medios, Antonio Morales, que gobierna al frente de un ejecutivo formado por NC y PSOE, ha dicho que las instituciones, con representantes en el consejo de istración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde se decide la viabilidad de este tipo de proyectos y si se ejecutan o no, se han sentido «engañadas» por el promotor de la planta de gas respecto al plan inicial que se les presentó.
«Estábamos de acuerdo con un espacio para el almacenamiento, pero no a una planta como la prevista», ha indicado en este sentido para añadir que tienen claro «que este proyecto no puede salir con la oposición del gobierno de la isla, del gobierno de la ciudad y además con un amplio movimiento ciudadano en contra».
Así, el texto de la moción propone, en su parte de acuerdos y más allá del rechazo a la planta, que se inste al Gobierno de Canarias a desestimar la autorización istrativa del proyecto para erigir esta instalación de regasificación y producción de energía eléctrica.
Igualmente, se insta tanto al Ejecutivo autonómico como a Puertos del Estado a que se analicen y prioricen «alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno» como, por ejemplo, fortalecer la red eléctrica actual para abastecer las necesidades del puerto o fomentar tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas.
Ello porque, ha insistido Morales, «existen informes técnicos contundentes» que rechazan la instalación de la planta por los efectos adversos y perjudiciales que provocaría para el objetivo de transición energética y para la salud de la población.
Y ha recordado cómo diversos informes del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) establecen que esta central eléctrica que se proyecta junto a la planta regasificadora «no está justificada para mejorar la integración de energías renovables ni la estabilidad del sistema eléctrico» y que, además, aumentaría las emisiones de CO2, multiplicándolas por doce
Además, podría desplazar tecnologías más limpias que ya contribuyen al mix energético de Gran Canaria y podría tener efectos nocivos en la salud de los vecinos y trabajadores.
Por último, esos informes insulares también destacan que solo un 6 % de la energía que se genere en dicha instalación de Totisa se destinaría a la conexión de los buques en el puerto mientras mantienen la maquinaria apagada, por lo que el 94 % restante se volcaría a la red para su venta, lo que evidenciaría el verdadero objetivo de la central: comercializar energía, no reducir la huella de carbono.
«Resultaría paradójico que estemos eliminando chimeneas de la central de Jinámar, por ejemplo, para ponerlas ahora aquí. No tenemos un planeta B, solo hay una isla de Gran Canaria, una ciudad, y cada vez debemos ir caminando hacia una posición sostenible y pensando en los intereses de la ciudadanía, que no tienen por qué ser compatibles con los del Puerto», ha concluido Carolina Darias. EFE