Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha informado este viernes de que la empresa que solicitó investigar tierras raras en Fuerteventura no ha retirado su petición, y ha advertido de que es intención del Gobierno regional que no se lleven a cabo las prospecciones.
En respuesta al diputado socialista Manuel Hernández, el también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha asegurado en comisión parlamentaria que su departamento intenta «una posible subrogación o cesión» de derechos en una futura negociación, si fuese necesaria.
Al respecto, ha señalado que el Gobierno autonómico actúa en este ámbito «despacio, con cautela y pies de plomo» para evitar indemnizaciones, y ha enfatizado que es intención del Ejecutivo que no se lleven a cabo las prospecciones, y que tenga los derechos pertinentes para garantizar esa situación.
Para ello la Dirección General de Industria ha encargado un informe para analizar las acciones que debe llevar a cabo el Gobierno en cuanto a la autorización, y si es pertinente solicitar a su vez otros informes a la istraciones sectoriales implicadas, como la Consejería de Medio Ambiente, Costas y el Cabildo de Fuerteventura.
Además, se ha analizado la petición de un estudio de evaluación ambiental al tratarse de un área declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ha indicado Domínguez, para añadir que también se estudia si de esta manera cabe asumir una subrogación o cesión de los derechos, lo que sí es factible cuando la entidad que se vaya a subrogar es pública.
El diputado socialista Manuel Hernández ha aseverado que esta cuestión evidencia «la enorme preocupación» que existe en la sociedad de Fuerteventura sobre este proyecto, y ha recordado que hace siete meses el Parlamento de Canarias expresó su rechazo a la iniciativa por mayoría de sus grupos, excepto Vox.
Esta preocupación va a seguir «latente» después de que el consejero haya confirmado que la empresa no ha retirado la solicitud y por lo tanto la tramitación sigue su curso, ha indicado Hernández, para quien además es «sorprendente» que Domínguez no haya aludido a la posibilidad de aprobar un decreto ley «que sirva de paraguas ante esta autorización y otras futuras que se puedan dar».
El consejero ha replicado que comparte la preocupación de los ciudadanos de Fuerteventura, aunque ha criticado «las distintas campañas engañosas con las que parece que íbamos a acabar con la isla», y ante este «clamor popular», ha continuado, su departamento ha sido «absolutamente claro respecto a la necesidad de escuchar al pueblo».
El Gobierno va a hacer caso de la iniciativa parlamentaria aprobada sobre este asunto, «no le quepa la menor duda», ha proseguido, y en cuanto al decreto ha explicado que primero hay que pedir al Gobierno de España que modifique la ley de Minas para poder «vincularlo».
«Estamos velando por la seguridad jurídica y también la económica, porque podríamos estar hablando de indemnizaciones si no hacemos las cosas con cautela, despacio y con pies de plomo», ha puntualizado el vicepresidente autonómico. EFE
