Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Canarias ha comenzado a aplicar su primer Plan de inmigración y convivencia cultural 2024-2027, que avalan 26 direcciones generales y que se ha dotado de un presupuesto de 25 millones de euros, si bien su aprobación depende aún de que finalice su tramitación istrativa.
Así lo ha explicado a EFE antes de su presentación en Casa África, en el marco del seminario Migratlantes, Vicente Zapata, profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) y director de Canarias Convive, programa de intervención para la gestión estratégica de la inmigración y la promoción de la convivencia intercultural en las islas auspiciado por esta institución académica y el Gobierno regional.
Zapata ha precisado que esta iniciativa, que se ha encargado de desarrollar Canarias Convive a través de un proceso participativo en el que se ha implicado a mil personas de todas las islas persigue abordar los procesos migratorios y sus efectos en esta región y organizar sus capacidades, conocimiento y recursos para poder afrontar adecuadamente la gestión de este fenómeno y sus diferentes implicaciones.
Por eso, además de ser un trabajo de diagnóstico, también incluye un marco estratégico con medidas concretas que ya se están activando, si bien el documento está aún en proceso de tramitación istrativa.
Como ha sido validado por 26 direcciones generales del Gobierno canario, estos departamentos «ya saben las medidas a desarrollar», que ya se movilizan desde la secretaría técnica del plan.
Se trata, ha referido, de las actuaciones que puede asumir el equipo técnico y las que exigen un menor presupuesto.
Aunque la ficha financiera global de este plan participado y avalado por instituciones públicas, y del que hará seguimiento el Foro Canario de la Inmigración, se ha fijado en 25 millones, cada año podrá ser objeto de nuevas aportaciones económicas si así lo determinan sus evaluadores.
«Apostamos por un plan, y no por una estrategia, que se suele quedar en un marco inspirador. Tiene una parte relacionada con los derechos de los migrantes en la esfera educativa, sanitaria, de la vivienda, asistencial, y en el ámbito laboral», ha destacado Zapata.
El doctor por la ULL con la tesis «La inmigración de origen extranjero en Tenerife 1999» también ha subrayado que este plan tiene una parte colectiva, que tiene que ver con el conjunto de la sociedad canaria y está orientada a «asegurar la participación comunitaria para conformar una sociedad cada vez más inclusiva, que aspire a convivir en la diversidad».
Para ello, esta iniciativa también aborda medidas para «enfrentar los bulos, los estereotipos y la propagación del odio desde todas las esferas».
Aunque Canarias tiene escasas competencias en esta materia, el plan tiene una dimensión relacionada con la atención humanitaria, ya que, según ha dicho Zapata, el Gobierno regional «está muy interesado en aportar elementos de valor para ayudar en lo que se pueda a otras istraciones competentes» en este ámbito.
Preguntado por una acción prioritaria que promueva este plan, ha considerado que la existencia del propio plan «es la medida», un marco metodológico que se ha concebido tras estudiar los pocos que se han promovido en España en los últimos 25 años, muchos de ellos ya inactivos.
El borrador del primer Plan canario de inmigración y convivencia cultural, de julio de 2024 y al que ha tenido EFE, establece una tendencia creciente en el gasto anual, de forma que el año 2027 será el que concentre un mayor porcentaje, el 37,74 % del total, lo que coincidirá con el mayor número de medidas implementadas desde su inicio en comparación con otras anualidades.
La distribución de las medidas muestran que 2025 tiene la mayor cantidad ejecutándose en un mismo año, un 76,6 % del total, y los ámbitos de empleo y lucha contra la discriminación y convivencia Intercultural engloban casi tres cuartos del presupuesto final, si bien el laboral es el que requiere de la mayor consignación, el 38,38 % del gasto total.
Habilitar un servicio telemático gratuito de atención y orientación escolar y académica para personas migrantes no escolarizadas, elaborar una única tarjeta sanitaria que permita acceder a todos los migrantes a los servicios de protección de la salud y atención sanitaria con cargo a los fondos públicos, o implementar un plan de formación continua de profesionales de los Servicios Sociales en materia de extranjería y desarrollo de los servicios sociales públicos con migrantes, son algunas de las medidas que se proponen en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario.
En el laboral, el documento plantea desarrollar itinerarios formativos para la obtención de certificados de profesionalidad para los migrantes en ocupaciones de difícil cobertura y otros duales con inserción laboral obligatoria en ocupaciones de alta demanda para personas jóvenes migrantes extuteladas.
Además, el plan prevé un servicio de asesoramiento telemático multilingüe sobre prestaciones y ayudas públicas en materia de vivienda. EFE
