Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha destacado que el número de prestaciones por dependencia en las islas han aumentado un 35,3 % en el último año, según los datos del Imserso.
«Canarias ha sido la comunidad con la mayor mejora en la comparativa con el año anterior en el número de prestaciones otorgadas por el sistema, que aumenta en los últimos 12 meses en un 35,3 %», ya que a 31 de diciembre de 2024 se otorgaban 62.165 prestaciones, 16.208 más que en el mismo mes de 2023, señala la Consejería en un comunicado.
Destaca además que Canarias es la región que más incrementa el ritmo de incorporaciones al sistema, un 20 %, pues en 2024 se grabaron 12.641 solicitudes, frente a las 8.216 de la legislatura anterior.
La Dirección General de Dependencia ha instado a las personas demandantes a que accedan a sus derechos a través de la vía telemática en vez de ir por ventanilla, para acelerar así el ritmo de grabación de las solicitudes.
De esta manera, el ciudadano puede hacer un seguimiento de su solicitud y cuando obtiene su grado de dependencia y su Plan Individual de Atención (PIA) el derecho se genera retroactivamente a partir de los seis meses desde que esa solicitud fue presentada.
«Por eso es importante que el número de solicitudes, tanto de nuevos solicitantes como de revisión de situación, que se incorporan a las bases de datos de Dependencia sea real y no se falsee, retrasando la grabación de los datos durante meses o años, como ocurrió en la legislatura anterior», según la consejera, Candelaria Delgado.
Según la Consejería, en el último mes se ha reducido en seis días el tiempo de espera entre la solicitud y la recepción de la ayuda.
El nuevo decreto de dependencia, pendiente de aprobación, simplificará los trámites, de tal manera que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA).
Hasta ahora cada uno de estos procedimientos lleva un trámite e informe distinto.
La resolución de los expedientes se ha rebajado a 561 días (ocho meses menos que en la anterior legislatura) y «el sistema monofásico nos permitirá acercarnos aún más a la media nacional», según la directora general, Concepción Ramírez. EFE
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