Santa Cruz de Tenerife, 11 feb (EFE).- La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pretende dictaminar y poner los recursos necesarios para que las personas con discapacidad que fueron cesadas tras ser declaradas “no aptas” pese a superar las oposiciones puedan ejercer su labor como docente.
El consejero de Educación, Poli Suárez, en el pleno del Parlamento, ha insistido en que el Gobierno apuesta por la «inclusión» al ser preguntado por el grupo Popular, al que pertenece, por la situación de las docentes que han sido cesadas y tienen una suspensión provisional del cese por no estar aptas para la docencia.
Suárez ha informado de que Educación ha mantenido varias reuniones con la Inspección Médica, encargada de la acreditación del cumplimiento del requisito de capacidad funcional para el al empleo público, para interesarse sobre la situación de ambas docentes, dadas las alegaciones presentadas.
Ha explicado que el informe de Inspección Médica no depende de la Consejería de Educación, al tiempo que ha señalado que el objetivo de las reuniones que se han llevado a cabo con este organismo es para que Educación ponga los recursos necesarios para que estas personas puedan ejercer su labor como docente.
«En eso estamos y creo que va por muy buena solución», ha afirmado Suárez, quien ha agregado que están pendientes de alguna resolución por parte de la Consejería de istración Pública para que sea Educación la que dictamine.
El debate en el Parlamento se ha producido después de que dos profesoras, Laura Cánovas, una maestra con cinco años de experiencia especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas, y Uxía García, gallega que el pasado verano aprobó las oposiciones en Canarias dentro de las plazas reservadas a personas con discapacidad, hayan sido cesadas en esta comunidad autónoma tras aprobar las oposiciones de Educación.
En ambos casos, un informe de la comisión de evaluación médica las ha declarado “no aptas”. Cánovas es sorda y García tiene una discapacidad visual del 66%. EFE
