Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha prorrogado este lunes por segunda vez la declaración de emergencia relativa a la atención de los menores migrantes para garantizar su protección, ante la situación de «colapso» que sufren sus centros de acogida ante la continua llegada de pateras y cayucos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), ha recalcado que «Canarias sigue dando la cara» en materia migratoria y ha acusado al Estado de seguir sin aportar soluciones y «sin hacer nada», porque «sus prioridades son otras», en alusión al acuerdo alcanzado con ERC para la condonación de la deuda que mantiene Cataluña.
Cabello ha recordado el viaje que efectuó la semana pasada el presidente de Canarias, Fernando Clavijo a Mauritania, para abordar el problema migratorio y, además, ha señalado que el Gobierno canario sigue a la espera de que el Ejecutivo central resuelva las cuestiones pendientes del acuerdo propuesto desde las islas para el reparto de hasta 4.000 menores inmigrantes y que se iban a «resolver en 10 o 15 días» pero se «sigue sin respuesta».
Ha recordado que se trata de decidir si la propuesta de reparto se aprueba mediante decreto ley o proposición de ley, y la financiación que se dotará a las comunidades que se hagan cargo de los menores.
En cuanto a la declaración de emergencia, ha explicado que en agosto de 2023 se decidió su aprobación por la situación en la que se encontraban los centros de acogida de menores migrantes que llegan a las islas sin un familiar que se ocupe de ellos, ha señalado.
Ha detallado que en la actualidad estos centros se mantienen con una ocupación de un 123 %, aunque ha habido picos de carga de hasta el 160 % como ocurrió hace dos veranos y que Canarias atiende a 5.860 menores.
La llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos y por ello el 2 de septiembre de 2024 se acordó reiterar esta declaración, que ahora se vuelve a prorrogar, para poder «impulsar con la máxima prioridad» las medidas necesarias para su atención, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas y la ampliación de plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. EFE
