Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El economista Antonio Olivera, exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y actualmente director de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, ha propuesto este lunes que Canarias pueda gestionar por sí misma el Régimen Económico y Fiscal (REF) a partir de un beneficio fiscal global que se negociaría con el Estado.
Es una de los planteamientos de Olivera en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia una eventual reforma del REF, ante la que ha asegurado que aunque en principio esa autogestión la ve como «una aspiración» y considera que es «posible» dentro del respeto a la normativa básica del Estado y de la Unión Europea.
Como vía intermedia hacia la autogestión, el exviceconsejero considera que se puede explorar un modelo de gestión del REF mixto mediante una autoridad independiente a modo de consorcio entre el Estado y la Comunidad Autónoma, similar al que ya existe para la Zona Especial Canaria (ZEC) pero con participación paritaria de ambas istraciones.
La esencia del modelo que propone Olivera sería negociar con el Estado un beneficio fiscal global para Canarias y que a partir de ahí las decisiones fiscales concretas se adoptaran en las islas, «sin necesidad de estar negociando recurrentemente».
El problema, según Olivera, es que el REF ha sido concebido históricamente como una concesión del Estado, en lugar de una herramienta propia de autogestión.
Por eso ha insistido en la importancia de asumir un mayor control y autonomía en la gestión del REF en lugar de estar «en una lucha constante con el Estado por cada modificación».
Ha dejado claro que «el REF y el sistema de financiación deben estar completamente separados» y ha defendido que la reforma de los mecanismos del Régimen Económico y Fiscal debe orientarse a recuperar la productividad, tanto del trabajo como del capital, estancada desde los años noventa del siglo XX.
Canarias no ha sabido adaptarse a esta transformación hacia una economía más innovadora y basada en el conocimiento, lo cual es «alarmante» porque afecta a la renta per cápita, los salarios reales, la desigualdad, el tamaño de las empresas, la internacionalización de la economía o la proliferación de la economía sumergida.
En su opinión, los incentivos fiscales deben orientarse a la formación y a la innovación, porque hasta ahora se han concentrado más en activos físicos que en intangibles.
También deben orientarse los incentivos a la gestión empresarial, la especialización sectorial y la diversificación de la economía. EFE
