Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha presentado en comisión parlamentaria el borrador con el que trabaja el ejecutivo para reformar la Ley del Suelo de 2017, una actualización que busca simplificar y agilizar la planificación territorial, mejorar la protección del territorio, fomentar la vivienda pública y reforzar el sector primario.
La reducción de trámites y la flexibilización normativa son claves en esta reforma, cuyo borrador sigue abierto a las aportaciones en un periodo de consulta pública, ha dicho el consejero, quien ha instado a los grupos parlamentarios a refrendar el consenso que se ha alcanzado entre istraciones y técnicos en el desarrollo de esa reforma.
La Ley del Suelo de 2017 «en algunos casos no ha sido operativa, se entendió poco y se aplicó menos», ha reconocido el consejero, quien ha defendido la necesidad de unificar y homogeneizar criterios entre todas las istraciones.
No es un cambio de filosofía ni un cambio de fondo de la Ley del Suelo, sino que se trata de agilizar trámites y hacerla más entendible por parte de los operadores, y por eso el Gobierno habla de actualización y no de reforma, ha indicado.
Los grupos parlamentarios han aplaudido el método de reforma de la Ley del Suelo, escuchando primero las mejoras que proponen los técnicos y istraciones que tienen que aplicarla y buscando el consenso entre las instituciones y las fuerzas políticas.
En 2017, la Ley del Suelo se gestó en «un despacho» y solo fue apoyada por 33 de 60 diputados, fue la primera vez que una ley territorial no salió por consenso, ha recordado Nayra Alemán, del PSOE.
Por eso ha agradecido el cambio en el método, escuchando a los técnicos, a los colegios profesionales y a los grupos parlamentarios, buscando el consenso.
Miranda ha detallado que para la redacción de este borrador se ha buscado la participación de más de setecientos especialistas de ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma, órganos ambientales y colegios profesionales.
El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, ha explicado a los diputados el contenido de este borrador.
Se ha optado por reducir el contenido de los instrumentos de ordenación, por simplificar los trámites urbanísticos, por dar más protección al territorio, por mejorar la gestión urbanística, por renovar y modernizar el entorno urbano, por fomentar la vivienda pública, por apoyar a los municipios en retroceso demográfico y por reforzar el sector primario, ha indicado.
Cruz ha explicado que en el borrador se apuesta por la ordenación estructural estratégica frente a la pormenorizada, lo que reduce en un 40% la carga documental en los planes generales de ordenación.
También se eliminan las distinciones entre tipos de planes territoriales parciales y especiales y se simplifica el contenido de los proyectos de actuación y mejora urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos, asimilándolo a las ordenanzas municipales.
La reforma reduce los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio y disminuye los tiempos de exposición pública desde 210 días a 160 días.
Onán Cruz ha indicado que para la mayor protección del territorio, se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente desde los seis a los nueve meses para intervenir en infracciones, a la vez que se endurecen las sanciones y se amplía el plazo de prescripción.
También se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves.
En gestión urbanística, se aclaran normas sobre división de terrenos, se permite que la istración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, se establece la recepción tácita de obras de urbanización y se aclaran las normas sobre los usos ordinarios del suelo rústico.
Otras novedades son la simplificación de los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), la creación de un nuevo instrumento de ordenación para reformar y modernizar las áreas industriales, el mayor aprovechamiento de las zonas consolidadas para evitar el consumo de nuevo suelo y la reducción de las cesiones obligatorias de suelo del 15% al 10%.
La reforma plantea aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública en suelos urbanizables (pasa del 30% al 40%) y en suelos urbanos consolidados (del 10% al 20%), incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, garantiza el a infraestructuras básicas en los solares y flexibiliza los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable.
La flexibilización de los requisitos para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes, es otra de las novedades, junto a la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas.
La clarificación de los usos permitidos en suelo rústico y el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales bajo regulación específica también se incluye en esta reforma.
En general, para dar flexibilidad y seguridad jurídica al sector primario, se autoriza «todo lo que no esté expresamente prohibido». EFE
