Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias descarta eliminar el principio de unidad explotación que rige la gestión de los complejos de apartamentos en las islas desde 1995, pero dará una salida a los propietarios independientes, según ha anunciado este viernes la consejera de Turismo, Jéssica de León (PP)
En estos momentos, la ley prohíbe en Canarias utilizar como vivienda un apartamento de un complejo turístico que tenga legalmente esa categoría y obliga a todos sus propietarios a confiar su explotación a una misma persona o empresa.
Sin embargo, la Consejería de Turismo tiene detectados varios miles de propietarios que usan esos apartamentos como su residencia habitual o que los explotan por su cuenta, de forma individual, a través de plataformas de vivienda vacacional.
Aunque la Federación Canaria de Municipios ha pedido formalmente, mediante alegaciones, que se elimine unidad de explotación, De León ha anunciado este viernes que los cambios legales que su departamento planea impulsar van a consolidar ese principio gestor para los complejos de apartamentos turísticos.
Sin embargo, reconoce que el caso de los propietarios independientes será «un debate diferente».
La salida que se les va a ofrecer es seguir explotando por su cuenta su apartamento como tal, como apartamento turístico, pero en ningún caso como vivienda vacacional. Para ello, ha explicado la consejera, se va a «reformular la unidad de explotación».
El objetivo de esa reformulación será permitir que cada propietario particular puede seguir explotando su apartamento «como lo está haciendo, igual que ahora», pero en lugar de bajo la modalidad de vivienda vacacional, como apartamentos, «lo que son».
«En el futuro, espero que cercano, se va a permitir que quienes están explotando como vacacional y de forma ilegal (un apartamento turístico), lo hagan como apartamento», ha indicado De León.
Suspensión de las sanciones por residir en apartamentos turísticos
En cuanto las sanciones que se imponen a los propietarios que residen apartamentos turísticos, algo que prohíbe en este momento la legislación en las islas, ha confirmado quedarán suspendidas hasta que se ordenen los usos por parte de los ayuntamientos.
Las multas quedarán suspendidas «hasta que se modifiquen las leyes que lo regulan para poder unificarla en una y responder a las necesidades de los residentes» para hacer uso de ellas, más aún en una «situación de emergencia habitacional», ha señalado la consejera.
A juicio de De León, «no tiene sentido que obliguemos al propietario a que se vaya con un explotador», algo que sí «tenía en 1995 cuando se aprobó la Ley de Turismo pero los tiempos han cambiado y hay que cambiar la ley».
El uso turístico en estas zonas «ha desaparecido» porque sus dueños se han empadronado en los municipios donde tienen los apartamentos, por lo que estas multas quedarán suspendidas «hasta el cambio de uso de la parcela», que es un proceso que se ha iniciado en esta legislatura en los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, los más afectados por esta situación.
Como ha explicado, «existen 3.000 expedientes sancionadores de personas que residen, comercializan y explotan» estos apartamentos o locales, en una situación que «es caótica», y para la que ha pedido «paciencia».
Por el momento, ha explicado que a los residentes se les permite vivir en los apartamentos «hasta que San Bartolomé y Mogán modifiquen la especialización del uso de las parcelas» en este caso, que es «lo mismo que dice la ley 4/2017 que aborda que esos propietarios que esta empadronados antes del 1 de enero de 2017 tienen consolidación legal hasta que los ayuntamientos especialicen el uso de las parcelas». EFE
