Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea (CE) que proteja a las comunidades autónomas de «los abusos» del Gobierno español, «que amenaza» a la ganadería del país con la «excesiva» protección del lobo.
Buruaga ha expuesto en el pleno del Comité europeo de las Regiones, que se celebra hasta mañana, jueves, en Bruselas, la necesidad de revisar de forma «urgente» las normas europeas para rebajar el estatus de protección del lobo, «sin perjuicio de su conservación».
Defensa de los ganaderos
«Estoy aquí para defender a los ganaderos de Cantabria y pedir ayuda para que el lobo deje de ser una especie estrictamente protegida», ha dicho la presidenta cántabra, quien aseguró que el sector ganadero «no resiste más» y que «está indefenso frente al lobo».
«El sector no resiste más. Menos ayudas. Más exigencias, más costes de producción. Y ahora, más animales muertos. Están indefensos frente al lobo», ha recalcado.
La Comisión Europea ya recogió estas demandas el pasado diciembre, cuando pidió a los Estados de la Unión Europea (UE) reducir el estatuto de protección del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido», en línea con las reivindicaciones de las regiones europeas con una alta presencia de estos grandes carnívoros.
El poni de Von der Leyen
«La muerte del poni de la presidenta (de la CE), Ursula Von der Leyen, ha sido noticia en Europa, pero en mi región, hechos como este suceden todos los días. Los ataques han aumentado un 113 % desde la protección y los lobos matan a 7 animales al día», ha señalado Buruaga.
La Directiva de Hábitats europea, que es la que otorga «una protección estricta» a la mayoría de las poblaciones de lobos en Europa, incluye, no obstante, la posibilidad de derogarla en ciertos supuestos, incluido el de «la protección de los intereses socioeconómicos».
Así, el CdR aprobó un dictamen que exige esta excepción no sea «socavada» por actos jurídicos de los Estados : «Los ganaderos exigen el control poblacional que funcionó durante décadas y las regiones queremos ejercer nuestro autogobierno, pero el Gobierno de España nos niega el derecho que nos ofrece la Directiva de Hábitat”, ha denunciado la presidenta cántabra.
