Lola Camús |
Santander (EFE).- El recién elegido fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, cree que la Fiscalía debe ayudar a las asociaciones memorialistas que «están tratando de revivir, no de revolver» la historia, y defiende que una sociedad que dé soluciones «civilizadas, educadas y adecuadas» avanzará mejor en el futuro.
En una entrevista con EFE un día después de ser propuesto por el fiscal general del Estado como responsable Ministerio Público en Cantabria, Arteaga ha fijado entre sus objetivos mejorar «más aún» el servicio público que presta la Fiscalía, especialmente para aquellas personas con menos posibilidades de acceder a él, sin dejar de atender «a quienes tienen todas las posibilidades».
«Todo el mundo tiene derecho y debemos tratarlos por igual. A todos y cada uno», ha subrayado Arteaga, quien releva en el cargo a Pilar Jiménez, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El nombramiento de Arteaga, que debe ser ratificado por el Consejo de Ministros, se produce en la misma semana en la que el Parlamento de Cantabria ha itido a trámite la derogación de la ley autonómica de Memoria Histórica, a propuesta del PP y con el apoyo de Vox.
«No podemos olvidar que es un hecho que existe, por mucho que las leyes se cambien o se modifiquen, y hay que darle una respuesta social, aunque sea 70 años después», dice en relación a la memoria histórica.
Como recuerda, la fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática es «una fiscalía atípica» porque España aprobó una ley de amnistía al principio de la transición, que luego modificó para ampliarla, y «evidentemente no se puede juzgar a nadie por aquellos hechos».
Pero considera que la Fiscalía de Cantabria sí puede «buscar la ayuda a las asociaciones que están tratando de revivir, no revolver, sino revivir aquellos hechos».
Sobre todo, señala, para que las personas que «no tuvieron opción» de dar sepultura a sus familiares ni de tener «un buen duelo», «puedan conocer la realidad histórica de los hechos sin más, sin ningún ánimo de venganza, sin ningún rencor y sin ningún interés, y por supuesto, ningún interés procesal, porque eso son asuntos que no se pueden juzgar», ha subrayado.
Arteaga, que la semana pasada dimitió como presidente de la Unión Progresista de Fiscales, dice que como fiscal no debe meterse en política pero tiene su opinión «como cualquier ciudadano» y las opiniones sobre este asunto son dispares.
«Es muy bueno que haya opiniones dispares»
«Eso es muy bueno, que haya opiniones dispares, pero lo que sí es cierto es que es una realidad que la hubo. Y yo creo que si una sociedad da soluciones civilizadas, educadas y adecuadas, siempre podrá avanzar mucho mejor en el futuro sin viejos rencores y venganzas totalmente innecesarias», añade.
Fiscal delegado de Seguridad Vial hasta ahora, en los cinco años de mandato que tiene por delante se propone «apuntalar más la lucha contra la violencia machista», con una mayor presencia «en el día a día» de los fiscales especializados.
También quiere crear un grupo especializado en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción y ocuparse, incluso personalmente o junto a una compañera, de los asuntos que tienen que ver con la Memoria Democrática y los delitos de odio.
«Evidentemente las mantas son cortas y si tiramos de un lado destapamos el otro. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque no podemos dejar nada sin atender», reconoce, aunque recuerda que hay prevista una ampliación de plantilla antes de que acabe el año, con una plaza en Santander y otra en Laredo.
Preparados para el caso Carreteras
Arteaga cree que la Fiscalía tiene que estar preparada para asuntos como el caso de los supuestos contratos amañados de Carreteras, en la Consejería de Obras Públicas, que se destapó al final de la legislatura pasada. «O por si el urbanismo vuelve a darnos bastante guerra como nos dio hace unos años», aventura.
Y el modo de estar preparados, dice, es la especialización porque la Fiscalía deberá a enfrentarse a los abogados «muy preparados, muy valiosos» y, con más medios, que defenderán a los acusados.
Aunque no puede hacer una previsión en un asunto de esa complejidad, Arteaga confía en que ese juicio tan esperado se puede celebrar el año próximo, pero considera que, sobre todo, hay que «conjugar la celeridad con la calidad».
«Es verdad que si algo se soluciona mucho tiempo después la justicia pierde efectividad, pero es verdad que si se soluciona mal por falta de calidad, por exceso de prisa, pues tampoco sería una respuesta adecuada», argumenta.
La instrucción, destaca, se está «llevando muy bien», esta semana se han vivido «dos días intensos de declaraciones» y el fiscal que se ocupa principalmente de este caso «está trabajando duro».
Los fiscales, los últimos en las encuestas
Arteaga responde con un «no, seguro que no» cuando se le pregunta si la figura y el papel de los fiscales son lo suficientemente conocidos, y reconocidos, por la sociedad. Ellos, y en general todos los profesionales de la istración de justicia, ocupan el último lugar en la valoración de los ciudadanos en las encuestas del CIS, recuerda.
«Obviamente eso a los fiscales no nos gusta. Puede estar justificado, a lo mejor somos los peores, yo creo que no», dice, para añadir que de lo que sí está seguro es que los ciudadanos conocen «poco y regular» lo que pueden esperar de los fiscales, pero también por una falta de comunicación.
¿Y con los políticos, cómo debe ser la relación? «Como con todo el mundo, debe ser buena, fluida y adecuada. Y cada uno en su parte», sostiene. Cree que la Fiscalía de Cantabria debe «interrelacionarse lo más posible» con la Consejería de Justicia, que se ocupa del personal y los medios.
«Voy a tratar de emplearme y creo que conseguiré, con la ayuda de mis compañeros, por supuesto, hacer una buena labor y así lo espero. Y si no, que se me critique, que para eso está la crítica, que es muy sana, sobre todo cuando se hace con inteligencia y con conocimiento», remacha.
