Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha dado diez días de plazo para que la empresa de publicidad YRG le abone 4.317 euros en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados por el diseño de la marca turística de esta Comunidad, para el que utilizó un banco de imágenes gratuitas y que fue denunciado en las redes sociales por asociaciones de diseñadores.
Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han explicado a EFE que 3.267 euros de esta cantidad corresponden al coste del informe pericial que contrató la Fundación Siglo, dependiente de este departamento del Gobierno autonómico, para realizar un estudio de legalidad y viabilidad de la marca.
Además, la istración reclama a la empresa otros 1.050 euros por los gastos realizados por la Fundación para registrar la marca, sin que ahora pueda ser utilizada por los problemas detectados tras las denuncias públicas y el revuelo generado en torno a la falta de originalidad del logotipo.
No abonará los 17.182 euros del contrato a YGR
La resolución de la Consejería de Cultura incluye también la decisión de no abonar a la empresa los 17.182 euros que figuraban en el contrato que les fue adjudicado en septiembre pasado, cuando la Vicepresidencia de la Junta y el departamento que dirige Gonzalo Santonta presentaron la marca en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
Sin embargo, a los pocos días las denuncias realizadas a través de las redes sociales por varios grupos de diseñadores y el rechazo en el ámbito político manifestado en las Cortes de Castilla y León llevaron a la Junta a abrir un periodo de reflexión sobre lo que ocurriría finalmente con esa marca.
De hecho, provisionalmene la Consejería dejó de utilizar el logotipo y volver a usar el anterior, hasta que definitivamente la Junta optó por hacer de esa decisión algo definitivo, que se materializa ahora con esta reclamación a YRG, que tiene esta semana para pagar estas cantidades o llevarlo a los tribunales de Justicia.
En el momento de renunciar al uso de esta marca el consejero Gonzalo Santonja habló de la «existencia de vicios graves en la marca contratada, violación de la buena fe contractual e imposibilidad o inutilidad de la marca para las razones por las que fue adquirida».EFE
