Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves el anunciado recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a desmantelar la estación de esquí de Navacerrada, en la parte de la provincia de Segovia, por su impacto ambiental.
Fuentes de la Consejería de la Presidencia han indicado a EFE que los argumentos utilizados en este recurso, para el que la Junta ha apurado hasta el último día de que disponía para formalizarlo, son los anunciados hace unas semanas por el consejero Luis Miguel González-Gago, cuando afirmó que se trata de defender la «idiosincrasia autonómica».
La Junta no entiende que haya sido el Gobierno central el que haya recurrido esta situación, ya que la protección como espacio ambiental fue compatible con la actividad de la estación de esquí, sobre la que defienden también que tiene un gran impacto económico para la zona de la provincia de Segovia en que se encuentra.
«Desde el Gobierno regional les vamos a defender hasta que podamos, porque creemos que es justo y necesario», declaró González-Gago.
En este nuevo recurso, la Junta argumenta igualmente que la Orden para acudir a los tribunales por parte del Gobierno central no se dictó por el Ministerio competente para ello y rechaza que esta resolución pueda obligar al Ejecutivo autonómico a ordenar la caducidad del título concesional, tal y como planteó hace unas semanas al conocer la sentencia.
Sin causa medioambiental para la Junta
En ese escrito, al que se remiten las fuentes de la Consejería de la Presidencia de la Junta consultadas por EFE, el Ejecutivo autonómico recordaba que de las más de 30 zonas de pistas de esquí existentes en España, el organismo autónomo Parques Nacionales ha buscado el cierre de las ubicadas en Navacerrada, «sin causa medioambiental ni social que lo justifique».
«Ni uno solo de todos esos instrumentos prohíbe la práctica del esquí ni la existencia en sí de la estación, que existe desde hace casi 90 años, y no han impedido que el entorno haya podido reunir las condiciones para poder ser declarado Parque Natural primero, su entorno Nacional después, e incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera», planteó la Junta.
Otro argumento utilizado por el Ejecutivo autonómico es que en los diferentes procedimientos de información pública que tuvieron lugar en la declaración de las distintas figuras de protección de la zona, una de las mayores demandas sociales fue, precisamente, que fuese posible la compatibilidad de la estación de esquí con la gestión de las diferentes figuras de protección.
La Junta indica que esta situación fue asumida en la tramitación ambiental porque «además de la baja afección ambiental de la misma, contribuía de forma clara a que se cumpliera otro de los objetivos de estas figuras de conservación, como es el equilibrio entre la preservación y el desarrollo sostenible de los entornos de estos lugares protegidos».EFE
