Los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz (i) y Carlos Menéndez (d), presentan en Valladolid la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) y que busca "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978". EFE/Nacho Gallego

La Junta pide no mirar «tanto» los antecedentes de la Ley de Concordia y más el articulado

Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha pedido no mirar «tanto» la parte expositiva de la proposición de Ley de Concordia presentada por el PP y Vox, donde se suprime la palabra «dictadura» al referirse al Franquismo y, en cambio, fijarse más en el articulado, donde buscan «la concordia y huir del frentismo» que sí observa en la normativa estatal sobre Memoria Democrática «inspirada por Bildu».

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ambos del PP, han defendido la proposición de ley presentada ayer por los portavoces parlamentarios de PP y Vox, aunque han dejado la puerta abierta a que puedan introducirse modificaciones en el trámite parlamentario.

Concretamente, preguntado por la exclusión de la condena expresa a la «dictadura franquista» que sí recoge el actual decreto de Memoria Histórica de la Comunidad, del 2018, el portavoz de la Junta ha pedido «dejar trabajar al parlamento» en este sentido, aunque él sí ha condenado la «dictadura».

De concordia

En este sentido, a pesar de que en su comparecencia a inicio de legislatura el propio consejero de la Presidencia aseguró que su departamento trabajaba «a fuego lento» en un proyecto de ley de Concordia, hoy González Gago ha desvelado que eran los partidos, PP y Vox, los que venían trabajando en esta proposición «desde la conformación del gobierno regional».

Por ello, más allá de quién vaya a elaborar la ley, si la Junta o el Parlamento, el consejero de la Presidencia ha destacado la importancia de que esta materia se «eleve a rango de ley» y no solo a decreto, como hasta ahora, para lo que se seguirán los pasos normativos de «máxima transparencia».

Preguntado si esta ley conllevará una partida presupuestaria cuando entre en vigor, desde la Junta de Castilla y León han asegurado que atenderán a las demandas económicas que especifique la ley, con la destinación de recursos «propios y ajenos» a ella.

Finalmente, sobre el papel que jugarán las asociaciones memorialistas en esta futura ley, al desaparecer el Consejo Técnico de Memoria Histórica en el que estaban presentes y quedar excluidas de la Comisión de Exhumaciones que creará la ley, el consejero de la Presidencia ha realizado un «reconocimiento absoluto» a la labor que realizan estas asociaciones, a las que ha realizado un reconocimiento.EFE