(Madrid, 1 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Concordia, que actualmente es una proposición de ley y que prepara el PP y Vox en Castilla y León, si ésta sale adelante.
Lo «importante» es que esa proposición «decayera» sin llegar a ser aprobada, ha indicado el ministro en declaraciones a TVE, donde también ha anunciado que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional si la ley aprobada en Aragón por PP y Vox que deroga la de Memoria Democrática de esa comunidad no es modificada.
Lo que pretende el PP, «obligado y cediendo» ante Vox, ha dicho, es «blanquear la dictadura» e «igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas» con un periodo democrático.
Torres ha adelantado que comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia y tanto «si se niegan» a acudir esa reunión como si no acepta modificar la nueva norma autonómica, «automáticamente» el Gobierno presentará recurso.
El titular de Memoria Democrática ha reconocido que es «complicado» que puedan llegar a un acuerdo en este ámbito, a la vista del contenido de la nueva norma aragonesa impulsada por el PP y Vox.
Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, Torres ha dicho que este martes van a llevar al Consejo de Ministros el estudio de los servicios jurídicos de su departamento sobre la derogación de la ley de memoria en Aragón y sobre las leyes de «concordia» presentadas en Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Además, ha explicado que una vez que convoquen al Gobierno de Aragón para una comisión bilateral hay un plazo de 30 días para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran en ese plazo o si el Ejecutivo autonómico se niega a hablar, acudirán de forma inmediata al Tribunal Constitucional.
Vulneración de derechos
En su opinión, la derogación de la Ley de Memoria en Aragón «invade competencias del derecho internacional» y «vulnera derechos humanos», ya que por ejemplo elimina el mapa de fosas, lo que dificulta las exhumaciones; retira lugares de memoria; y suprime una disposición sobre homenajes a personas asesinadas en campos de concentración nazis.
En este sentido, ha aclarado que el Gobierno se reserva la posibilidad de recuperar con el paraguas de la Ley de Memoria Democrática aspectos de la ley autonómica de Aragón derogada, como por ejemplo el mapa de fosas o los lugares de memoria.
«Si hay comunidades autónomas que intenten poner freno al desarrollo de leyes (autonómicas de memoria), vamos a coger lo que ellas deroguen», ha añadido en alusión a otros casos como los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde el PP y Vox (que gobiernan en coalición en ambos casos) acaban de presentar leyes de «concordia» en sustitución de las de memoria.
Tres comunidades gobernadas por PP y Vox
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR.
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la «concordia» que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos «guerracivilistas» y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la «concordia» para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra «dictadura» para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
Doble rasero
Ante el anuncio del Gobierno, el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), ha criticado el “doble rasero” al proponer la Ley de Amnistía y defender su constitucionalidad mientras considera inconstitucional la Ley de Concordia.
Veganzones ha asegurado que las leyes de Concordia, que se están impulsado en diferentes comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, pretenden “aplicar la igualdad” a todos los españoles, mientras que ha considerado que la Ley de Amnistía pretende “fomentar la desigualdad” y es “netamente inconstitucional, como asegura que han establecido “los servicios jurídicos”.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones (PP), ha indicado que la futura Ley de la Concordia está en fase de proposición de ley y responde «a las reglas del juego democrático» y, por tanto, a la «soberanía parlamentaria».
Cada gobierno «puede hacer lo que crea oportuno con sus órganos legislativos: son las reglas del juego democrático», ha analizado el consejero, al tiempo que ha insistido en que «lo importante es utilizarlas y no saltárselas como ha hecho el Gobierno de España con decisiones que vulneran la Constitución y que tendrán respuesta con las reglas del juego» desde España y desde la UE, en alusión a la Ley de Amnistía.
