Valladolid (EFE).- La Fiscalía ha retirado los cargos contra el exdirector de la División de Empresas e Internacionalización de Servicios de ADE Alberto Esgueva, para el que pedía seis años de cárcel, en el juicio del caso conocido como Perla Negra, por lo que permanecen como encausados once de los doce procesados.
Ha sido al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales cuando la acusación pública ha retirado los cargos contra Alberto Esgueva, que también ha retirado la acción popular, ejercida por el PSOE, mientras la acusación particular, la Junta, no le acusaba inicialmente.
El juicio se celebra por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra, y la adquisición de terrenos del proyectado parque empresarial de Portillo (Valladolid).
La Fiscalía considera que los hechos en los que se cometieron supuestas irregularidades en la compra de la Perla Negra -sobrecoste de unos 20 millones de euros- y la adquisición de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo (Valladolid) fueron propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva.
Para la acusación pública, el propósito fue beneficiar a determinadas mercantiles y a los particulares que las gestionaban.
Para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, la fiscal demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Penas que oscilan entre 11 y 4 años de cárcel
En el caso de la exviceconsejera Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el ministerio público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para otros dos investigados, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y Francisco Armero, exdirector financiero de Gesturcal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos.
Consideraba al exdelegado de Excal Alberto Esgueva supuesto autor de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, por el que pedía seis años de prisión, acusación que ha retirado.
Mantiene la petición de seis años, por el mismo delito, para Germán Martín Giraldo, ex de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta; Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta; Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo, y Carlos González, exconsejero del mismo Parque.
En concepto de responsabilidad civil, solicita el abono de una indemnización de forma solidaria y conjunta a la istración autonómica en la suma que supuestamente fue desviada a favor de las mercantiles.
La Junta mantiene la acusación contra ocho de los once encausados
urante la sesión número 18 del juicio desarrollada este lunes, la Junta, en calidad de acusación particular, ha mantenido la petición de penas para ocho de los ahora once encausados, que oscilan entre once años y cinco meses la más elevada, para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y nueve meses para cinco de los empresarios procesados.
La solicitud de nueve meses se refiere a Carlos González Maestro, Ángel Román, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva y Luis Ángel Rodríguez, mientras para la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández la Junta reclama cuatro años de prisión y para el de la promotora inmobiliaria Urban Proyecta, José Martín Giraldo, once meses de prisión.
El PSOE pide entre 13 y cuatro años
En el caso de la acción popular ejercida por el PSOE, que en principio pedía entre 33 años y dos meses como penas más altas y diez y medio las más bajas, además de retirar la acusación contra Alberto Esgueva, ha modificación los delitos por los que considera autores a los procesados.
El PSOE, tras su modificación, acusa por delitos continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias; prevaricación y malversación de caudales públicos y ha retirado la petición de condena por delitos de fraude a la istración, cohecho y organización criminal.
Para Rafael Delgado demanda penas que suman trece años de prisión para Rafael Delgado; para Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán y Salvador Molina ocho años, y para los demás encausados cuatro años de cárcel en cada caso.
La mayoría de las defensas, incluida la de Alberto Esgueva, han solicitado que las costas se impongan a la acción popular.
El próximo lunes 6 de mayo continuará la vista oral con la exposición de los informes finales de las partes, que comenzará por dar a conocer la Fiscalía.
EFE
