Madrid/Valladolid, 3 may (EFE).- La ONU ha pedido al Gobierno que adopte «todas las medidas necesarias» en relación con las llamadas «leyes de la concordia» impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
El pronunciamiento de la ONU se recoge en una comunicación conjunta de los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea Bissau.
Según el organismo internacional, las medidas del Gobierno han de estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las «graves violaciones de los derechos humanos» y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad.
Derechos humanos
En el informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos», y que no hacerlo compromete la responsabilidad de España.
Ante el requerimiento de Naciones Unidas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al Gobierno de Aragón a una negociación bilateral previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija su normativa.
Torres ha advertido de que actuará del mismo modo con los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León si siguen adelante con las reformas legislativas que tienen en tramitación al entender que también pretenden «blanquear la dictadura» de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano.
Reacción de Mañueco y García-Gallardo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha indicado que desconoce el informe de los relatores de la ONU, que leerán «con detenimiento» para conocer lo que piden, y ha insistido en su condena contra la dictadura franquista.
«Cuando conozca el informe hablaremos, pero en Castilla y León tenemos a gala tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas. No hacemos distinción entre víctimas, a todas las víctimas. Esa es nuestra principal preocupación», ha referido Mañueco.
Más crítico ha sido respecto al informe el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), quien se ha preguntado: «¿Quiénes son estos señores?». «¿Con quién guardan afinidad?, ¿qué saben de la legislación española?, ¿qué saben del contenido real de estas leyes? Porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento», ha censurado García-Gallardo.
Por su parte, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que lo «mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado».
«Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica», ha incidido Núñez Feijóo.
Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que la ONU zanje que «las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España» supone una «vergüenza» para PP y Vox.
Tudanca pide la «retirada inmediata»
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado al presidente de la Junta y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, que tome la «retirada inmediata» como el «único camino» que le queda respecto a la proposición de ley de Concordia presentada junto a Vox en esta Comunidad.
Tudanca ha afirmado que le resulta «descorazonador» observar que mientras PP y Vox expresan con esta norma su «nostalgia del régimen franquista», para la ONU se trata de una «grave vulneración de derechos humanos».
Preguntado también por este informe, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, ha puesto en duda la imparcialidad de este documento por quién lo firma, ya que uno de los relatores es «amigo íntimo del juez Baltasar Garzón»: «Son unas recomendaciones y consejos, no una conclusión de la ONU», ha indicado antes de defender la soberanía de la Cámara autonómica.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha asegurado que las iniciativas de las tres comunidades autónomas son “un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas”, según su presidente, Emilio Silva. EFE
