Valladolid (EFE).- El desalojo de la sede en Valladolid del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), pendiente de una orden de desahucio por impago de alquiler, ha supuesto la ruptura de la «paz social», de lo que tanto CC.OO como UGT han responsabilizado a la Junta (PP-VOX) y a la CEOE.
«Esto nos va a llevar a una situación de conflictividad laboral, en perjuicio de la economía, y a una saturación de los juzgados de los social» para dirimir los conflictos individuales y colectivos de cuya intermediación se encarga el SERLA, ha explicado el secretario de Acción Sindical de CC.OO en Castilla y León, Fernando Fraile.
El Juzgado de Instrucción Número 9 de Valladolid ha fijado para el 26 de septiembre el desahucio de la sede del SERLA en esta capital, en la calle de Los Molinos, si antes del 8 de julio nadie asume la deuda de cuatro meses de alquiler que ha denunciado la propietaria del inmueble.
Ante esta situación, con la abstención de la organización empresarial CEOE, el patronato de la Fundación SERLA acordó este pasado lunes el desalojo de las oficinas y anunció su inminente traslado a unas dependencias en la Oficina Territorial de Trabajo, en la calle de Santuario, que los sindicatos consideran insuficiente e impropia.
Desde 2023 no han cobrado por su trabajo los mediadores que han intervenido en la resolución de conflictos laborales, con el fin de evitar la instancia judicial como último recurso, ha recordado por su parte el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia.
Conflictos activos
En Castilla y León, ha añadido durante una rueda de prensa, permanecen activos setenta y ocho expedientes de conflictos colectivos que afectan a 21.000 trabajadores pertenecientes a unas cuatrocientas empresas, entre ellas AUVASA, el cierre de Lauki y los servicios de Ayuda a Domicilio.
«Con su actitud, la CEOE ha reventado la paz social: ha puesto la llave a un conflicto que ya está servido» porque los centros de trabajo «se van a convertir, a partir de ahora en nichos de conflictividad», ha proseguido.
En los tribunales
Esta situación «acabara en los tribunales, no nos queda otra alternativa», ha apuntado el representante de CC.OO antes de anunciar que los servicios jurídicos de ambos sindicatos estudiarán lo que Fernando Fraile considera un «fraude de ley» porque el SERLA «es un servicio público que debe ser prestado y dotado económicamente».
De todo ello ha culpado al consejero de Economía, Mariano Veganzones (VOX), «en connivencia con el PP que es cómplice de esta situación, del desalojo y del impago de conciliadores y mediadores: no pueden lavarse las manos», ha objetado Fraile (CC.OO).
Es «un escándalo de Consejería», ha agregado en referencia a los tres directores del ECyL desde el inicio de una legislatura durante la que VOX «se ha propuesto acabar con el SERLA en una operación de acoso y derribo desde hace más de dos años», que abrió con la ausencia de un presupuesto para su funcionamiento.
«De aquellos polvos vienen ahora estos lodos», ha terciado Santa Eufemia (UGT), quien ha insistido en el 26 de septiembre como fecha de defunción del SERLA si antes, el 8 de julio, nadie asume la deuda del alquiler, a partir de la cual se abre un periodo de «incertidumbre» en la mediación laboral.
La solución ofrecida en la Oficina de Trabajo Territorial «no es suficiente, es un lugar de paso, varias mesas y sillas que no ofrecen garantía ni calidad», ha concluido.
Desde hace un año
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sostenido este martes que se atenderá «sin más demora» el requerimiento judicial de desahucio de la sede del servicio de mediación laboral SERLA y hacer efectivo su traslado a la oficina territorial de trabajo de Valladolid, que «se tenía que haber producido ya hace un año para evitar esta situación».
En rueda de prensa para analizar los datos del paro de junio, Veganzones se ha referido a preguntas de los periodistas al desalojo de la actual sede del SERLA después de que la justicia comunicara una orden de desahucio por impago del alquiler.
«Es una decisión que no quisieron tomar los sindicatos en su momento», ya que el 30 de junio de 2023 se cedieron estos espacios, en la oficina de trabajo, gratuitamente y totalmente acondicionados», ha sostenido Veganzones.
Los sindicatos «se negaron» a un traslado aprobado
El consejero ha insistido en que los sindicatos se negaron al traslado aunque estaba aprobado por el patronato de la Fundación del SERLA, y debía haberse hecho efectivo hace un año.
«Con lo cual, pues es normal que la propietaria del inmueble, la inmobiliaria, haya llevado a cabo sus acciones judiciales pertinentes y lo que tenemos que atender ya, sin más demora, es el requerimiento judicial de desahucio y hacer efectivo ese traslado» con el que se hubiera evitado lo ocurrido y se hubieran ahorrado 100.000 euros, lo que no se ha producido sino que se ha incrementado en 140.000 euros.
