Valladolid (EFE).- La disputa por los futuros votos entre el PP y Vox ha quedado plasmada este martes en el debate parlamentario que ha medido por primera vez tras la ruptura de la coalición al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ve a su exsocio «dirigido desde Madrid», y al exvicepresidente y portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, que ha achuchado con el aborto, la Agenda 2030 y la memoria histórica -Ley de Concordia-.
Había expectación por comprobar el tono empleado por García-Gallardo para hacer oposición y también por el modo en que sería respondido por Mañueco. Ambos han mantenido las formas, pero se han dejado medidos recados con el objetivo de buscar el apoyo de parte del electorado del otro que aspiran a conquistar.
La pregunta formulada por García-Gallardo al presidente se interesaba por los principios que guiarán la acción de gobierno de la Junta, una vez que Vox abandonó el Ejecutivo en julio pasado, aunque se ha centrado en concreto en tres demandas como el «derecho fundamental a la vida», en referencia al rechazo hacia el aborto; las políticas de la Agenda 2030, en concreto sobre inmigración, políticas de género y LGTBI; y que siga adelante la proposición de Ley de Concordia que PP y Vox pactaron.
Sin concretar
No ha concretado en su respuesta Mañueco cuáles son sus planes en estas materias y, en su primera contestación, se ha limitado a defender que su acción se regirá por «los mismos principios» con los que el PP concurrió a las elecciones autonómicas y los que le llevaron a pactar con Vox, también en materia presupuestaria en 2023 y 2024.
A García-Gallardo le han parecido «palabras vacías y palabras huecas», por lo que ha reclamado a Mañueco alguna «respuesta concreta» en la que demuestre que es un «hombre de palabra» y se ha detenido en cuestionar que frenara el denominado protocolo antiaborto pero el acuerdo suscrito cuando eran socios de gobierno se mantenga en la web de la Consejería de Sanidad.
En este punto, el portavoz de Vox le ha devuelto la referencia a la influencia de las direcciones nacionales de los partidos al incidir en si no cumplir ese acuerdo fue iniciativa de Mañueco o del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ley Concordia
En el mismo sentido, García-Gallardo ha preguntado qué va a hacer la Junta y el PP con la proposición de Ley de Concordia que ambos negociaron y presentaron para su tramitación en las Cortes, y que de ser así, detalle «qué parte le desagrada».
Sobre las políticas de la Agenda 2030, García-Gallardo ha preguntado si su Gobierno va a recuperar el «rosco multicolor» para ilustrar los presupuestos en «clara señal de sumisión» a esa agenda.
En su reflexión final, García-Gallardo ha evidenciado el que será uno de los lemas en los próximos meses para Vox: «Los principios de los votantes de Vox y muchos del PP, sí que van a ser defendidos por este grupo parlamentario».
En su dúplica, Mañueco ha reiterado su mensaje de que, mientras los principios del PP son «claros y evidentes», lo que queda «claro» tras lo ocurrido durante el verano con la marcha del Gobierno es que «quien manda» en su formación «está en Madrid, no aquí».
Ha recordado el presidente a García-Gallardo que en el debate de investidura proclamó que «lo primero» eran los intereses de las personas de esta Comunidad, en un camino del que Mañueco cree que se ha separado porque antepone lo que le dictan desde «los despachos de Madrid».
En este punto, el presidente le ha conminado a volver «a la senda» que llevaban en el gobierno de coalición y a «romper con los despachos que les dirigen desde Madrid», aunque ha reconocido que lo ve «difícil» si optan por seguir las «estrategias partidistas», tan «alejadas de Castilla y León». «Yo elijo las personas de Castilla y León», ha zanjado.
Menores migrantes
El origen de la ruptura del Gobierno autonómico -la acogida de menores extranjeros no acompañados- también ha inspirado el cara a cara entre el secretario general del Grupo Vox, David Hierro, y la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
Hierro le ha preguntado en concreto si piensa seguir acogiendo a estos menores, a lo que la vicepresidenta ha respondido: «Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, también cuando estaban ustedes en el gobierno, tenemos nuestros principios y estos no cambian».
Ha añadido la consejera que las autonomías tienen que ser «solidarias ante la crisis migratoria que están sufriendo Ceuta y Canarias», a la vez que ha denunciado la «errática política migratoria» del Gobierno, que es quien tiene las competencias en esta materia, según Blanco, quien ha pedido «control de fronteras, activación del Frontex y medidas en origen para controlar precisamente que el número de inmigrantes que lleguen a España descienda considerablemente»: «Es en lo que vamos a seguir trabajando», ha resumido.
En este punto, Hierro ha dicho que «es falso» que el origen de la ruptura entre el PP y Vox saliera del despacho de la dirección nacional de Vox y, al contrario, ha defendido que lo que salió del despacho del presidente de la Junta fue el acuerdo que incluía en su punto 32 una inmigración «ordenada, legal y que luchase contra las mafias».
Hierro ha acusado a Blanco y a Feijóo de no conocer la Ley de Extranjería, que implica que los gobiernos autonómicos sí tienen competencias en materia de inmigración y se ha preguntado si la estrategia del PP será la de «regularizar a 500.000 inmigrantes» o volver a utilizar propuestas de Vox.
Vox acusa
«Teníamos un acuerdo de gobierno que se cumplió hasta que usted se fue a Canarias y optó por seguir colaborando con el tráfico ilegal de personas», ha zanjado el representante de Vox.
En su dúplica, Blanco ha indicado que «aunque le moleste oírlo» a los representantes de Vox, Castilla y León «tenía un Gobierno útli y que funcionaba y desde Madrid, en julio, se les ordenó a ustedes que rompieran por hacer algo que se había hecho en 2022 y 2023».
«El señor Abascal les ordenó que rompieran el Gobierno de la Junta, algo que ninguno entendimos, cuando había un gobierno que estaba apostando por atender y ayudar a las personas de Castilla y León», ha argumentado. EFE
