Valladolid (EFE).- La Ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Valladolid ha sido aprobada por la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento vallisoletano, que ha decidido retrasar su aplicación práctica a julio de 2025 para los vehículos sin etiqueta y al 1 de enero de 2028 para los vehículos de tipo B a la hora de acceder a la zona delimitada, aunque las notificaciones sin sanción empezarán a principios de año.
El objetivo de esta ordenanza, en línea de la normativa europea y estatal, es reducir la contaminación y los efectos que tienen las emisiones de gases como el dióxido de carbono sobre la salud de la población.
Esta normativa será aprobada definitivamente en el pleno municipal del próximo 28 de octubre, tras incluir algunas de las numerosas alegaciones recibidas para esta ordenanza, planteadas por hasta 71 personas físicas o entidades, entre ellas las que han derivado en ese retraso en la aplicación, según ha explicado en una rueda de prensa el concejal, Alberto Gutiérrez Alberca (PP).
El ámbito de aplicación es el anunciado hace meses por el actual equipo de gobierno, que defiende una zona disminuida a 1,1 kilómetro cuadrado, frente a los 3,1 kilómetros cuadrados que preveía el anterior gobierno municipal.
La normativa prevé una serie de limitaciones y de sanciones para aquellos conductores que accedan a la ZBE sin poder hacerlo o contar con alguna de las excepciones que prevé la norma, relacionadas con la asistencia a alguna cita médica o el colegio, entre otras.
Esta ordenanza tiene como referencia la existencia de casi 170.000 vehículos en la ciudad de Valladolid, de los cuales los primeros que verán afectada su circulación son los más contaminantes, sin etiqueta ecológica, de los que hay casi 28.000 (el 16,40%).
Además, el censo correspondiente a 2024 contabiliza 59.217 vehículos de tipo B (35%), 70.552 vehículos de tipo C (41,70%) y 11.675 con etiqueta ECO y emisiones cero (6,90%), según ha detallado el concejal, quien ha anunciado que una vez que sea aprobada, el Ayuntamiento iniciará una campaña informativa para que cada ciudadano tenga claro su caso.
Críticas del PSOE
Tras conocer el texto finalmente aprobado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha denunciado el retraso acumulado por el equipo de gobierno para cumplir con la normativa con una ZBE que «ni protege la salud ni beneficia a la economía» de la ciudad.
El PSOE ha criticado que el equipo de gobierno no haya contado con informes técnicos para avalar su postura, lo que genera «incertidumbre y confusión» a poco más de dos meses de que esta normativa fuera a entrar en vigor, ya que entienden que los plazos dados ahora lo son a efectos de las multas.
Entiende el PSOE que las exenciones previstas en la norma «generan inseguridad» y no responden a las alegaciones planteadas por los colectivos de la ciudad, por lo que ha acusado al equipo de gobierno de «oscurantismo». EFE
