Madrid/Valladolid (EFE).- Veintisiete personas solicitaron la eutanasia en Castilla y León en el 2023, el 8 por ciento más que las 25 del 2022, de las que se realizaron una docena, el 44 por ciento, el mismo porcentaje que la media nacional, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad.
En el 2022, fueron 25 las solicitudes en Castilla y León, de las que diez se realizaron, el 40 por ciento.
Siete mujeres y cinco hombres
Este jueves, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Castilla y León, con datos que les han facilitado desde la Consejería de Sanidad en un informe que recoge que en 2023, se tramitaron 34 solicitudes de prestaciones de ayudas a morir: cuatro pendientes del 2022; y otras 30 en 2023 (17 mujeres y 13 hombres), con 26 tramitadas en ese año y cuatro que pasaron al siguiente.
De la docena de eutanasias que se concretaron en el 2023 en Castilla y León, siete fueron de mujeres y cinco de hombres, todas por una enfermedad de base neurológica, con tres casos en los tramos de 50 a 59 años, 60 a 69 y 70 a 79, uno de 40 a 49 y dos de 80 a 89.
En 2023 se realizaron doce prestaciones de ayuda para morir, y los responsables de las prestaciones realizadas fueron 5 Licenciados Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; las otras siete prestaciones se han realizado por 4 Licenciados Especialistas en Neurología, 1 Médico de Centro Residencial y las últimas 2 se realizaron por Licenciados Especialistas de otras especialidades.
Cinco eutanasias en el domicilio y 6 en el hospital
De las cuatro solicitudes pendientes del 2023, dos estaban con la primera solicitud, otra en la segunda y otra con el consentimiento informado presentado.
En cuanto al lugar de realización de la prestación de la eutanasia, en el único caso del 2021 se llevó a cabo en el domicilio el paciente; y de las 10 del 2022, tres fueron en el domicilio del paciente y 7 en el hospital.
En el año 2023 de las 12 prestaciones realizadas, 5 se hicieron en el domicilio del paciente, 6 en el hospital y 1 en centro sociosanitario.
81 días desde la primera solicitud (113 en el 2022)
Los datos de la Consejería de Sanidad, facilitados por DMD, recogen que el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y hasta que se autoriza la eutanasia fue de 80,88 días en el 2023 en Castilla y León, por debajo de los 113,5 del año anterior.
En cuanto al registro de objetores de conciencia en eutanasia, lo integran 764 médicos, 234 profesionales de enfermería y 13 farmacéuticos.
El a eutanasia y testamentos vitales en CyL: lento y confuso según Asociación DMD
El en Castilla y León a la eutanasia y al testamento vital es «lento», ya que la comunidad tiene la mayor espera en la resolución del proceso de muerte digna, con 81 días en 2023, casos que no llegan ni a iniciarse y diferencias entre provincias, y un nuevo decreto de instrucciones previas «confuso» y «nulo» en algunos extremos, ha denunciado este jueves la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
El portavoz de DMD, Fernando Sanz, ha denunciado en rueda de prensa las dificultades para acceder a los datos de casos de eutanasia en Castilla y León, que pudieron tener tras resolverlo a su favor el Procurador del Común, y que arrojan «un baile de datos», ya que dependiendo de quien los pida son unos u otros.
Como ejemplo, el informe del Ministerio de Sanidad publicado este jueves sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia recoge datos ligeramente distintos a los ofrecidos por la Consejería de Sanidad a DMD.
766 peticiones y 334 eutanasias en España en el 2023; el 24,8% más
En España, 766 personas pidieron la eutanasia en el 2023, un 24,8 % más que en 2022, de las que 334 recibieron la ayuda para morir, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, que reflejan, no obstante, que una cuarta parte de los solicitantes falleció antes de que se resolviera su demanda.
El número total de solicitantes de eutanasia en España desde que se aprobó la ley (LORE) en 2021 se eleva así a 1.515 y a 697 las practicadas, de acuerdo con el «Informe de Evaluación Anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España» del Ministerio.
De esta forma, 2023 ha sido el año en el que más demandas de este derecho se han atendido tras las 576 contabilizadas en 2022 y las 173 de 2021, si bien hay que tener en cuenta que la ley entró en vigor en junio de ese año, por lo que esta cifra se ciñe solo al segundo semestre.
Con todo, la tasa de mortalidad por eutanasia en 2023, fue del 0,0767 % del total de fallecimientos, lo que refleja que «sigue siendo una opción minoritaria y altamente regulada», destaca el documento.
Solo el 3 % cambia de opinión
Tres de cada cuatro solicitudes presentadas el año pasado (el 76 %) se aceptaron; menos del 3 % de pacientes a los que se reconoció el derecho cambiaron de opinión y revocaron la prestación, mientras que 33 pidieron aplazarla una vez aprobada, apenas un 4 % del total.
Por contra, 188 se denegaron; 78 solicitantes presentaron reclamaciones a la negativa ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE), que acabó estimando favorables más de la mitad (58 %).
Sin embargo, cerca del 25 % (190 personas), murieron durante el proceso, con un tiempo promedio de 30 días entre que hicieron la solicitud y su fallecimiento. En total, desde 2021 han sido 374 los solicitantes que han muerto aguardando una respuesta.
En este sentido, la media de espera se sitúa en 67 días entre la solicitud y el momento de la prestación de la ayuda para morir, con una mediana de 54,2 días.
El perfil: 70-79 años, con cáncer o enfermedades neurológicas
El 28 % (215) de los solicitantes de eutanasia de 2023 tenía entre 70 y 79 años, prácticamente el doble que un año antes, lo que les convirtió en el perfil más frecuente; la edad media se situó 68,78 años y la mediana en 78,46.
Del total de peticionarios, 7 tenían menos de 30 años; 19 estaban entre 30 y 39 años; 57 entre los 40 y 49 años; 106 entre 50 y 59 años; 181 entre 60 y 69 y otras 181 superaban los 80, en este último caso también más del doble que un año antes.
La ayuda para morir la pidieron prácticamente por igual los hombres (50,7 %) y las mujeres (49,21 %).
Y lo hicieron principalmente por cáncer y enfermedades de tipo neurológico, que tenían el 70 % de los pacientes (35 % en cada caso).
Uno de los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir contemplados en la LORE es la capacidad de hecho, es decir, que la persona sea capaz y consciente en el momento de pedir la eutanasia. Aunque la inmensa mayoría (95 %) la tenía en 2023, un 15 % estaban en riesgo inminente de perderla.
La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública, que prestó el 92 % de las ayudas; la mayor parte de los pacientes reclamó que fuera un equipo sanitario el que le diera la medicación (95 %) frente a la autoistración, que solo eligieron 18 personas.
En el 47 % de los casos, los pacientes prefirieron recibir la prestación en el hospital y un 44 % en su domicilio. Un 12,5 % se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.
Cantabria y Aragón a la cola
Por comunidades, la que más solicitantes de este derecho asistió en 2023 fue, con diferencia, Cataluña con 219, muy por delante de Madrid (89); Canarias (62); País Vasco (58); Comunidad Valenciana (56); Andalucía (43); Galicia (41); Baleares (37) o Asturias (33).
A estas les siguieron Castilla-La Mancha (28); Castilla y León (27); Navarra (24); Aragón (22); Cantabria (19); La Rioja (4); Extremadura y Murcia (2 cada una). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tuvieron ninguno.
Sin embargo, las que más prestaciones de ayuda para morir cumplieron sobre el total de solicitantes fueron Murcia y Extremadura, que realizaron las dos pedidas, seguidas del País Vasco (81 %).
Por encima o igual a la media nacional del 44 % también estuvieron Andalucía (56 %); La Rioja (50 %); la Comunidad Valenciana (46 %) y Castilla y León (44 %).
No alcanzaron ese porcentaje Cataluña (43 %); Navarra y Galicia, ambas con un 42 %; Madrid (39 %); Baleares y Castilla-La Mancha (32 %) y Asturias (27 %). Las cifras más bajas fueron, de lejos, Cantabria (16 %) y Aragón, que apenas efectuó el 12 % de las solicitadas. EFE
