Valladolid (EFE).- El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha reconocido este jueves que las Consejerías de la Junta van a tomar como «referencia muy clara» para ejecutar la prórroga presupuestaria en 2025 el anteproyecto de presupuestos presentado el pasado 15 de octubre, pese a que este texto no cuenta con el respaldo de las Cortes de Castilla y León.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que la Junta ha dado luz verde al Decreto que regulará la prórroga presupuestaria vigente a partir del 1 de enero, preguntado por lo que llevará a la práctica el Ejecutivo, Carriedo ha defendido que esta medida va a dar «estabilidad y certidumbre» al tejido productivo de la Comunidad y a la sociedad en su conjunto.
El decreto hace referencia expresa a algo que no se había dado anteriormente, como es que la Comunidad dispone de un límite de gasto no financiero -techo de gasto- aprobado en las Cortes, pero no el presupuesto en que suele derivar esa tramitación, al encontrarse el PP en minoría parlamentaria y no haber alcanzado un acuerdo con el PSOE o Vox.
En la práctica, lo que ocurre es que ese techo de gasto aprobado incluía un límite de déficit equivalente al 0,1% del PIB, lo que aporta a las arcas autonómicas unos 70 millones de euros, pero lo que ha añadido Carriedo y que puede generar controversia en las Cortes es que la Junta va a tomar como referencia en la ejecución de esta prórroga presupuestaria las partidas anunciadas cuando presentó el anteproyecto de ley de presupuestos.
Es decir, que la Junta pretende llevar a la práctica el contenido del anteproyecto de ley sin que haya sido aprobado como proyecto de ley y sin que, por tanto, haya obtenido el respaldo de las Cortes de Castilla y León.
«Vamos a disponer durante el ejercicio y como tenemos en este momento hecho ya el trabajo con las consejerías al haber elaborado el anteproyecto de presupuestos, pues lógicamente nos sirve de referencia muy clara, para la hoja de ruta de todo el año 2025 y por tanto es un ejercicio que nos va a ser muy útil», ha desgranado Carriedo en una de sus respuestas a las múltiples preguntas surgidas a raíz del decreto de prórroga.
El portavoz ha recordado que ese límite del 0,1 por ciento del PIB para el déficit fue la cuantía que comunicó el Gobierno central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque posteriormente ha reconocido que ese límite no ha sido aprobado a nivel estatal por el Congreso de los Diputados, algo que sí ocurrió en las Cortes de Castilla y León al abstenerse el PSOE como fórmula para facilitar una tramitación que finalmente no se ha producido.
Pese a estos desencuentros con los grupos, que le han valido a la Junta las críticas de la oposición por no haber registrado en las Cortes como proyecto de ley el contenido del anteproyecto que ahora pretende tomar como referencia para ejecutar la prórroga presupuestaria, Carriedo ha asegurado que sigue con la «mano tendida».
No ha dado detalles sobre los resultados de las últimas llamadas a los representantes de los grupos parlamentarios, que ha dicho haber mantenido en esta semana y ha insistido en que la Junta no se plantea un escenario de «cierre» del diálogo abierto, pese a que el ejercicio presupuestario arranque y pese a que resta poco más de un año para el final de la legislatura.
El contenido del Decreto
Técnicamente, el Decreto aprobado regula las normas de gestión presupuestaria aplicables durante el período de prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 desde el 1 de enero de 2025, con la matización de lo anunciado por Carriedo respecto al contenido del anteproyecto de ley.
El Decreto establece los créditos de 2024 que se prorrogan, el cumplimiento del déficit público, la regulación de los gastos durante la prórroga y su ámbito de aplicación.
En concreto, esta norma tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final.
Es el artículo segundo el que establece que la disposición de los créditos prorrogados se supedita al cumplimiento de la tasa de déficit púbico comunicada para 2025 del 0,1% del PIB.
Para ello, la Junta a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.
El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento.
Asimismo, para facilitar dicha imputación durante el período de prórroga, se especifica qué se entiende por actuación no finalizada, precisando que tiene tal consideración, toda aquélla derivada de acuerdo, plan o promesa realizados por la istración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.
Además, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente; y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la istración General e Institucional de la Comunidad.
El artículo 4 establece el ámbito de aplicación de las normas recogidas en los artículos anteriores, excepto la sección 20 «Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad».
Finalmente, la disposición adicional matiza que todas las referencias efectuadas al presupuesto de 2024 en la Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2024 y las de apertura del ejercicio 2025, se entienden hechas al presupuesto prorrogado de 2024 para 2025, y la disposición final que establece la vigencia de las condiciones de la prórroga recogidas en el decreto que se iniciará el próximo 1 de enero.EFE
