Madrid/Valladolid, 21 ene (EFE).- Castilla y León supera en 17.764 plazas residenciales la ratio de 5 por cada cien personas mayores de 65 años, el mayor «exceso» del conjunto autonómico, que sólo afecta a seis comunidades ya que el resto, como el promedio nacional, es deficitario.
En concreto, el déficit de plazas residenciales para personas mayores sigue aumentando y serían necesarias al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa y Grandes Dependientes, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Un 6,29 de las 7,82 plazas, con financiación pública
El informe indica que Castilla y León tenía 49.321 plazas residenciales al término del 2023, 530 más que el año anterior, con 7,82 por cada cien mayores.
De ellas, 39.674 plazas contaban con financiación pública y el resto, 9.647, eran privadas.
En el 2023, de esas 7,82 plazas por cada cien mayores, con financiación pública fueron un 6,29 frente al 2,84 por ciento en España.
71,4 plazas de media por residencia
La ocupación media de las plazas residenciales se situó en el 81,7 por ciento en el 2023 en Castilla y León, frente al 84,1 por ciento nacional; y el tamaño medio de las residencias es de 71,4 plazas, en la línea del 72,9 de promedio nacional.
En España, en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en ese periodo, explica el informe basado en datos del Imserso.
A comienzo de 2024 había en España 395.065 plazas residenciales para mayores, 3.510 menos que el año anterior.
«Los datos recientemente publicados por Imserso indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura (porcentaje de plazas sobre mayores de 65 años), que es el más bajo desde 2010», señala a EFE el coordinador del estudio, Gustavo García.
Según el análisis, serían necesarias 89.324 plazas residenciales para alcanzar 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suman más de las tres cuartas partes del déficit (67,9 %).
Mientras tanto, en seis comunidades hay un exceso de plazas respecto a su ratio de plazas por personas mayores de 65 años: Castilla y León 17.764, Castilla-La Mancha 7.072, Aragón 4.859, Extremadura 4.096, Asturias 1.237 y La Rioja 408.
7 de cada 10 plazas, de financiación pública
El 69,6 % de las plazas para mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas.
Se incluyen dentro de financiación pública plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; las que menos son Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.
Pocos avances del nuevo modelo de cuidados
La asociación lamenta que no se hayan dado «pasos decididos» en la aplicación de la estrategia del nuevo modelo de cuidados, reforzando los servicios de atención domiciliaria.
Explica que la ayuda a domicilio se mantiene en 2023 prácticamente igual que el año anterior en una cobertura de 5,5 %, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia.
Además, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012.
«Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres», concluye García. EFE
