Valladolid (EFE).- Los grupos de la oposición han conseguido encauzar este lunes, en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, la reforma de la Ley de Publicidad Institucional en esta Comunidad, al dejar en minoría al PP, que ha mostrado su enfado con estos cambios, que ve como un ejemplo de «censura» al tratar de «amordazar e intimidar a los medios de comunicación», en palabras del procurador Miguel Ángel García Nieto.
Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios han mantenido el debate sobre las enmiendas presentadas y han discrepado sobre el fin de esta modificación sobre la financiación de medios de comunicación a través de campañas institucionales de publicidad, que aborda también la relación del Gobierno autonómico con Castilla y León Televisión, actualmente en negociaciones para un nuevo convenio colectivo.
Con la aprobación del dictamen sobre estas modificaciones, los grupos parlamentarios promotores de esta reforma -PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Mixto- han dado por hecho que el debate y la votación definitiva sobre esta modificación de la Ley llegará el próximo 25 de junio, dentro de la última sesión plenaria del periodo de sesiones, algo que también asume el PP.
En las votaciones, las enmiendas transaccionadas han salido adelante en su mayoría con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que ha votado en contra de todas y no tenía enmiendas presentadas, por lo que los once votos que han sumado PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Mixto se han impuesto a los siete del PP.
Los cambios en la Ley
Entre las principales modificaciones de la Ley de Publicidad Institucional que han incluido los grupos de la oposición en su «acuerdo de mínimos» figuran una limitación de aportaciones por este concepto equivalente al 33 por ciento de la facturación anual de cada medio de comunicación y, en el caso de la televisión privada Castilla y León Televisión, un mayor control parlamentario a través de un nuevo Consejo de Evaluación que integrarían perfiles profesionales elegidos por los grupos de forma proporcional.
Además, han pactado la convocatoria de un nuevo concurso público para la adjudicación de la licencia de TDT en el plazo de tres meses después de la aprobación de la reforma de la Ley y la obligatoriedad de subrogación de los cerca de 300 trabajadores de Castilla Y León Televisión.
Del mismo modo, la futura normativa, en caso de ser finalmente aprobada, limitará la contratación de publicidad institucional por parte de la Junta con medios de comunicación que hayan sido condenados por la difusión de informaciones falsas.
Duros reproches entre los grupos
Desde el primer momento, el portavoz del Grupo Popular en este debate, Miguel Ángel García Nieto, ha anticipado que iban a votar en contra de todas las enmiendas, al considerar que estos cambios tienen una «voluntad de censura» y de «amordazar e intimidad a los medios de comunicación»: «Es una ley de censura y no de publicidad institucional», ha resumido.
«Nada que ver con la censura, sino con cumplir la norma en Castilla y León», le ha comenzado por replicar la socialista Nuria Rubio, a quien han secundado también el resto de portavoces al rechazar esa acusación del PP, convencidos de que la búsqueda de veracidad en las informaciones debe ir aparejada a la decisión de las istraciones de ubicar sus anuncios de publicidad institucional.
Por su parte, el representante de Vox, Miguel Ángel Suárez Arca ha defendido que estas modificaciones pueden servir para acabar con la «mala costumbre» de confundir el «autobombo» y la apropiación por parte del PP de campañas institucionales que deben servir a los intereses de la Comunidad, no de un partido político determinado.
García Nieto (PP) ha incidido en que la posición de Vox respecto a la limitación de financiación al 33% supone una «censura sideral», hasta el punto de que ha afirmado lo siguiente: «Intervencionismo y censura, rasgos del más rancio comunismo y de fascismo caduco…desde luego, los extremos se tocan», ha planteado en referencia a que esta modificación legislativa fue presentada por Unidas Podemos y ahora pactada por toda la oposición.
Sobre esta alusión, el representante de Vox ha replicado que este acuerdo demuestra que mientras «los distintos son capaces de tocarse, otros que se dicen que representan a todos no son capaces de tocarse con nadie», en referencia a la soledad del PP en estas votaciones que lo han dejado en minoría.
Por su parte, la representante del PSOE ha defendido que estos cambios en la normativa pueden servir para fomentar un modelo de publicidad institucional «más transparente, justo y democrático» y una televisión autonómica «que sea para todos y no sólo para un sector», en referencia al PP, al que ha recordado que estos acuerdos entre el resto de grupos son un «ejercicio importante para la democracia».
Antes de la votación, el representante del PP ha insistido en que le sorprende que los planteamientos de un «comunista confeso» como Pablo Fernández (Unidas Podemos) hayan resultado ser «más liberales» que los de otras formaciones que han pactado estas enmiendas, en alusión a Vox, hasta el punto de que ha vuelto a asegurar que lo que se persigue con esta nueva normativa es una «cacería contra los medios de comunicación» de Castilla y León. EFE
