Valladolid (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, con los votos favorables de PP y Vox, la conocida como Ley del «blindaje» de los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y sociales en el medio rural, aunque el resto de partidos de la oposición han negado que se produzca tal garantía de mantenimiento y el PSOE ha catalogado la norma de «inútil».
Ha sido el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, el encargado de volver a defender la proposición de ley que registró el PP antes de romper su gobierno de coalición con Vox, partido que ya respaldó la tramitación de esta norma y que apoyó su contenido, lo que ha ratificado nuevamente hoy.
«Una ley sencilla, concreta y garantista», ha definido García Nieto sobre una norma con la que el PP pretende que los servicios esenciales «no puedan empeorar» respecto al «extraordinario nivel actual» del que ha presumido el representante del PP, mientras que el resto de partidos de la oposición han negado tal extremo y han votado en contra de la aprobación de esta ley.
Consultorios y escuelas rurales
La norma prevé que la consulta sanitaria se realizará bajo la fórmula de «a la demanda» en las localidades de menos de 50 habitantes, mientras que habrá un día de consulta a la semana en pueblos de 51 a 100 habitantes, dos para núcleos de 101 a 200, tres para los de 201 a 500 habitantes y diaria de lunes a viernes para los de más de 500 habitantes y que no tengan centro de salud.
La ley se refiere a la garantía de permanencia de los 247 centros de salud -al igual que los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria y centros de acción social (CEAS)- existentes en la actualidad y se detalla que la futura previsión de supresión de alguno de ellos tendría que pasar por la deliberación del Consejo de Gobierno y ser comunicado posteriormente a las Cortes de Castilla y León, tras lo que la Junta acordaría finalmente sobre el cierre o no.
En el caso de la Educación, la propuesta de normativa establece lo que la Junta venía desarrollando en los últimos años, en el sentido de que los 186 colegios rurales agrupados (CRA) existentes se mantendrán abiertos cuando alberguen al menos a tres escolares y que la supresión de estas unidades sólo llegaría después de dos cursos escolares sin actividad por la insuficiencia de alumnado.
Por último, la norma establece que los servicios sociales esenciales en el ámbito rural quedan garantizados según lo establecido por los catálogos en cada zona de acción social, para lo que ofrece el actual volumen de financiación a los municipios competentes para su mantenimiento.
El debate
El primero en replicar al PP ha sido el procurador del Grupo Socialista Diego Moreno, quien ha calificado el texto de «inútil e inservible», ya que no aporta mejoría alguna a los servicios y pretender únicamente «crear la imagen ilusoria de que al PP le importa algo el medio rural»: «Ni un servicio más, ni un derecho más», ha lamentado.
Sobre el apoyo de Vox a esta norma, Moreno ha considerado que evidencia que los exsocios de gobierno mantienen vigente su acuerdo en Castilla y León, con un texto sobre servicios esenciales que sirve para «dejarlo todo como está»: «Virgencita, virgencita, que me quede como estoy», ha ironizado.
Por su parte, el procurador de la UPL, José Ramón García, ha lamentado que todas las enmiendas de su partido hayan sido rechazadas por el PP y ha denunciado que esta norma no impide que haya «ciudadanos de primera, segunda y tercera», en función del lugar de residencia, con especiales problemas en sanidad por la falta de médicos, que se agrava en verano.
En el caso de la representante de Soria Ya Leila Vanessa García, ha reconocido que el PP ha aceptado tres de sus 21 enmiendas, pero ha considerado escasos los cambios introducidos, entre otras cosas por entender que la norma introduce rasgos subjetivos a la hora de acometer la prestación de estos servicios e incluso «flores» sobre la gestión de la Junta, lo que ha rechazado.
Desde el Grupo Mixto, el exvicepresidente y procurador Francisco Igea ha lamentado que hoy se consume el «enésimo timo de la estampita» del PP, ya que entiende que Mañueco prometió en campaña electoral blindar los servicios esenciales, pero no lo hace, ya que la Junta puede optar por cerrar consultorios o colegios rurales, lo que contraviene la idea del PP de blindar la situación actual, sin que exista además régimen sancionador alguno.
En sus réplicas, los portavoces del Grupo Popular han defendido las bondades de esta norma, que creen que sirve para garantizar un «suelo» para la calidad de los servicios públicos y que únicamente puedan estar mejor que en la actualidad.
Tras la votación, en representación de Vox ha intervenido la procuradora Ana Rosa Hernando, quien ha apelado al «sentido común» para aprobar esta norma presentada por el PP: «Es de vital importancia tener una ley que garantice la prestación de los servicios esenciales», ha argumentado.
Hernando ha añadido que los ciudadanos deben estar amparados «vivan donde vivan» y sin ser perjudicados por la «burocracia» y falta de servicios, de la que ha responsabilizado al Gobierno de España, al que ha pedido un «sistema estable nacional, que dé respuestas justas y equitativas».EFE
