Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical, coordinador del Área Externa y del Diálogo Social de UGT CyL presenta esta mañana un informe sobre la repercusión de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral de Castilla y León. EFE/Nacho Gallego

La Inteligencia Artificial sin frenos pone en riesgo 577.000 empleos en Castilla y León, el 57%, según un informe de UGT

Valladolid (EFE).- La aplicación sin frenos ni sesgos de la Inteligencia Artificial al mercado laboral de Castilla y León supondría actualmente, si no se hace nada, la pérdida de 242.052 empleos, el 24%, con otros 334.059 en situación vulnerable, el 33%, en total 577.011 trabajos, el 57% de los 1.012.300 ocupados que hay en la comunidad, según el informe que ha presentado este viernes la UGT autonómica.

El secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha detallado este informe, con datos provinciales y con la previsión de hacerlo por sectores y secciones a principios del próximo año, dentro de las actuaciones del sindicato en el IV Acuerdo Marco para la competitividad y la innovación empresarial de la comunidad.

Santa Eufemia ha advertido de que la Inteligencia Artificial se «irá de las manos si no se hace ninguna regulación desde la parte humana que vaya sesgando qué se quiere que aprenda esa IA», para que no infiera, como ha sucedido en una empresa de EEUU, que si las últimas dos incidencias han sido con personas de color en las próximas entrevistas no se contrate a trabajadores negros.

El secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, presenta esta mañana un informe sobre la repercusión de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral de Castilla y León. EFE/Nacho Gallego

También ha incidido en lo que supone una IA sin límites en la propia negociación colectiva, en temas como salarios, descansos o ascensos.

La cuarta comunidad con mayor pérdida de empleo por la IA

Aplicando la metodología difundida por la OCDE para Castilla y León, y en función de los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, más de la mitad de las personas con empleo están en riesgo de perder su empleo en el horizonte 2030 a causa de la automatización de tareas por la IA.

Ello sitúa a esa comunidad como la cuarta con mayor perdida de empleo, solo por detrás de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, ha explicado Santa Eufemia.

En concreto habría ese 24% de empleos en altísimo riesgo de desaparición y un 33% en riesgo sustancial de ser reemplazados por máquinas, lo que supone que casi 243.000 castellanoleoneses perdiesen supuesto de trabajo.

Y otros 334.000 estarían en una situación de significativa vulnerabilidad ante el auge de una IA capaz de realizar una gran parte de su actual trabajo, según el sindicalista.

Valladolid, León y Burgos, las más afectadas

Por provincias, en Ávila estarían abocados a desaparecer 15.480 de los 64.500 ocupados que tienen en la actualidad, con otros 21.285 en riesgo, en total 36.765; en Burgos serían 38.712 de 161.300 empleos en altísimo riesgo de desaparecer y 53.229 en riesgo significativo, con 91.941 en total,

Y en León, donde hay 170.000 ocupados, estarían en riesgo 96.900, 40.800 en alto y 56.100 en significativo.

De los 67.700 empleos de Palencia, habría 38.589 afectados, 12.248 con mayor riesgo y 22.341 con significativo; de los 131.200 de Salamanca, están afectados por la IA 74.784, con 31.488 en riesgo de desaparecer y 43.296 vulnerables.

En Segovia, son 42.921 de los 75.300 empleos afectados, 18.072 con mayor riesgo y 24.849 vulnerables; en Soria de los 42.800 ocupados, 24.396 estarían afectados por la IA, con 10.272 con mayor riesgo y otros 14.124 vulnerables.

Y en Valladolid, con 131.328 los empleos en riesgo, de los 230.400, con 55.296 condenados a desaparecer si no se hace nada, y otros 76.032 en riesgo significativo; con 39.387 de 69.100 empleos afectados en Zamora, 16.584 con riesgo alto y 22.803 con riesgo significativo.

La formación continua ante la Inteligencia Artificial

Santa Eufemia ha incidido en que la respuesta para revertir lo máximo posible ese escenario está en la formación; y en concreto unos 316.000 trabajadores requerirían más de un año para actualizar su formación y otros 170.000 entre seis meses y un año.

Ello para situar a los trabajadores con los requisitos que demandaría un mercado de trabajo cada vez más tecnificado y exigente en términos de conocimientos digitales, tanto en el puesto de trabajo como en el día a día.

Actualmente, la IA ya se usa en las empresas para seleccionar y contratar, organizar el flujo de trabajo, decidir a quién se promociona, calcular el trabajo y la retribución, vigilar y controlar que se hace, aplicar el régimen disciplinario e incluso resolver un contrato, ha explicado Santa Eufemia.

«Que nadie se quede atrás»

El sindicalista ha explicado que el objetivo es que «nadie se quede atrás», actualizando la educación a las demandas actuales del mercado de trabajo; con políticas activas de empleo que formen a los trabajadores en las nuevas tecnologías e incluyendo en la negociación colectiva la necesidad de analizar el impacto en el empleo que trae esta revolución.

UGT hará llegar el informe tanto a sus representantes en las empresas como a las Consejerías de Economía, Empleo y Educación, y el gobierno, para que también se tenga en cuenta la parte humana tanto en las negociaciones colectivas como en los sesgos que deben incluirse en la IA.

En el informe se reclama además transparencia a las empresas ante el uso de la IA, de forma que faciliten toda la información sobre su funcionamiento a las autoridades, y a las personas trabajadoras y sus representantes.

Que la toma de decisiones de la Inteligancia Artificial la supervise una persona

También que la toma de decisiones de la IA esté supervisada por una persona; formación a los trabajadores y sus representantes para poder tomar las decisiones correctas sobre su uso; y normas, reglamentos y convenios colectivos que modulen esa Inteligencia Artificial.

«El objetivo empresarial nunca puede estar por encima de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, de forma muy especial aquellos de origen discriminatorio, protección de datos y la privacidad», según recoge el informe.EFE