Barcelona (EFE).- El Govern afronta la negociación del proyecto de ley de presupuestos para 2024 con compromisos pendientes con el PSC y los comunes relacionados con el macrocomplejo de ocio Hard Rock, la Ronda Norte o el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que siguen aún sobre la mesa.
El ejecutivo catalán, que ya ha comenzado a hablar con ambos grupos, si bien mantiene también la predisposición al diálogo con Junts y la CUP, afronta esta negociación tras el apoyo de ERC a la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
PSC: Ronda Norte y Hard Rock
El PSC ha avisado públicamente al Govern que debe cumplir con sus compromisos sobre la Ronda Norte (que seguiría la trayectoria de la B-40) y el Hard Rock si quiere negociar con los socialistas el próximo presupuesto.
En el caso de la Ronda Norte -poco más de seis kilómetros de carretera que deberán conectar Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès-, Generalitat y Ministerio de Transportes ya sellaron un protocolo (compromiso político, pero sin efectos prácticos) que debe traducirse en un convenio (documento que da lugar a los trámites istrativos).
Según el pacto entre Govern y PSC, el convenio debía cerrarse durante el primer trimestre del año. El protocolo, firmado el 7 de julio, señala que en tres meses debía sellarse el convenio, lo que todavía no ha sucedido.
La Ronda Norte debe construirse mediante encomienda de gestión -fórmula con la que el Ejecutivo central financia unas obras que ejecuta la Generalitat- y ahí reside el principal escollo para el pacto, debido a las dudas por parte del Gobierno central sobre la legalidad de este método en infraestructuras viarias y el rechazo del ejecutivo catalán a la fórmula alternativa propuesta, según diversas fuentes consultadas por EFE.
En cuanto al macrocomplejo de ocio que Hard Rock Entertainment World prevé levantar entre Vila-seca y Salou (Tarragona), el Govern se comprometió a aprobar durante la primera mitad del año el Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instale esta iniciativa privada.
Las mencionadas fuentes explican que sigue pendiente un informe preceptivo del Departamento de Acción Climática, mientras que en septiembre el Departamento de Empresa requirió algunos cambios a la química Ercros para garantizar la seguridad del proyecto, lo que ya estaría encaminado.
Otros dos compromisos con los socialistas tenían que ver con Rodalies, materia sobre la que ERC y PSOE han alcanzado un acuerdo para su «traspaso integral», y con el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con una mesa técnica para encarar cómo puede «ganar capacidad» que tendrá lugar en breves fechas.
En cualquier caso, el Govern y el PSC ya mantuvieron un breve encuentro exploratorio el pasado 8 de noviembre que sirvió para empezar a abordar las líneas generales del presupuesto.
Comunes: impuesto a los alimentos ultraprocesados
En el caso de los comunes, con los que ya se acordaron diversas medidas fiscales para sacar adelante las cuentas de 2022, el Govern ha cumplido, aunque con retraso, con la tramitación del impuesto catalán a las emisiones a los grandes barcos, entre ellos los portacontenedores o los cruceros.
El pasado 14 de noviembre representantes del Govern celebraron una reunión de seguimiento del acuerdo presupuestario de 2023 con los comunes y ese mismo día el Consell Executiu aprobó el anteproyecto de ley de creación de este impuesto, rebajado con relación al planteamiento inicial y bendecido por el Puerto de Barcelona, si bien según lo acordado con la formación morada la andadura parlamentaria debería haberse iniciado entre enero y febrero.
Cuestión distinta es si la ley logra salir adelante, dado que ERC (33) y comunes (8) suman 41 diputados, lejos de los 68 que marcan la mayoría en el Parlament.
Al tiempo, el Govern tiene pendiente aún por aprobar el impuesto catalán a los alimentos ultraprocesados, ya incluido, de hecho, en el acuerdo presupuestario con los comunes del año anterior, 2022.
El pacto para los presupuestos de 2023 indica que este gravamen debía «iniciar la tramitación parlamentaria durante el tercer trimestre de 2023», un plazo que ya ha vencido.
Fuentes de la Generalitat han asegurado a EFE que se trata de un impuesto de gran complejidad técnica, tanto en lo que se refiere a la delimitación del hecho imponible como de la misma aplicación del impuesto.
En paralelo a los os políticos, el Govern mantiene reuniones con patronales y sindicatos catalanes, y este viernes está prevista una nueva reunión de carácter técnico con representantes de los agentes sociales.
Unos 1.800 millones más de margen en el gasto
El Govern afronta las negociaciones del presupuesto de 2024 con un techo de gasto no financiero que se sitúa en los 36.684 millones de euros, un 9,6 % más que lo incluido en las cuentas de 2023, que contemplaban 33.481 millones de euros.
Se trata de un cálculo hecho por el propio ejecutivo catalán, ya que el Ministerio de Hacienda no ha facilitado aún datos respecto a los anticipos del modelo de financiación.
El ejecutivo ya ha dicho que prevé dotar un fondo extraordinario de salud con un importe inicial de 800 millones de euros para «normalizar el gasto desplazado» sanitario, por lo que, si se excluye esta partida y el impacto de los intereses de la deuda, el incremento efectivo del gasto con respecto a 2023 se sitúa en un 5,5 %, 1.811 millones más.
Y esa cantidad orientativa es el margen del que dispone por ahora para negociar con los grupos de la oposición un acuerdo sobre el presupuesto.
Con todo, la cuantía podría ser algo mayor, ya que el acuerdo de investidura entre ERC y PSOE contempla la condonación de hasta 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el ahorro de 1.300 millones en intereses financieros en los próximos años.
Falta por conocer, no obstante, qué ahorro en intereses logrará la Generalitat de cara a 2024, porque esa partida dará «oxígeno financiero» a la Generalitat para destinar recursos a «algún proyecto selectivo en el ámbito del conocimiento», aseguró recientemente la consellera de Economía, Natàlia Mas.
Entre tanto, el Departamento de Economía prepara algunas medidas fiscales en el presupuesto para aliviar el coste de la vida de las familias, aunque por el momento no ha dado detalles.
A finales de junio, la consellera aseguró a EFE que estudiaba aplicar algunas medidas fiscales, más bien de tipo «quirúrgico», para ayudar a la ciudadanía a paliar el impacto de la inflación, y mencionó ámbitos como el de la vivienda.
