Barcelona (EFE).- El cabeza de lista de los Comunes Sumar en las elecciones europeas, Jaume Asens, ha advertido hoy de que si los jueces se niegan a aplicar la ley de amnistía y no levantan las medidas cautelares sobre los encausados podrían estar cometiendo un delito de «prevaricación».
Asens, que como jurista participó en los trabajos de redacción de la Ley de Amnistía que el jueves aprobará el Congreso, se ha posicionado en una entrevista con la Agencia EFE sobre cómo, a su entender, debería ser aplicada.
Según ha dicho, «hay que diferenciar entre lo que debería pasar y lo que puede pasar porque lo que debería pasar es que la ley se aplique de forma inmediata ya que no se entendería que los jueces tarden mucho en aplicarla».
«Han tenido mucho tiempo para ver el contenido de la ley y, por tanto, lo más razonable sería que desde el mismo momento en que se publique en el BOE, no tardasen más que unos días en aplicarla», ha señalado.
Ahora bien, Asens ha puntualizado: «Sabemos que se ha enviado un correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial en el que figura una guía sobre cómo actuar ante la aprobación de esta ley, algo que supone un hecho inédito en los últimos treinta años de democracia».
En dicha guía «se marca el rumbo o una pauta a los jueces, y creo que esto atenta contra el principio de independencia de los jueces, porque hay una voluntad de intentar dirigirlos, de marcarles el camino, y esto afecta a su independencia judicial de forma bastante clara».
«Esto es grave -ha alertado Asens-, y más teniendo en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial lleva 2.000 días con los mandatos caducados de sus », por lo que «pedimos que la Fiscalía actúe pidiendo el sobreseimiento o la revisión de sentencias».
Garantizar el principio de legalidad
Según el candidato de Comunes Sumar, «los fiscales tienen que ser garantes del principio de legalidad, deben velar por el cumplimiento de la ley y, ante los posibles intentos de los jueces de sabotear la aplicación de dicha ley e imponer su voluntad por encima de la del legislador, que es la voluntad de la ciudadanía, los fiscales deben actuar».
Es decir, ha concretado, «la Fiscalía General del Estado debería instar a los fiscales a actuar de acuerdo con el principio de legalidad y pedir la aplicación inmediata de la ley».
Sobre el posible retorno del expresidente Carles Puigdemont y de otros líderes independentistas que están en el extranjero, Asens ha considerado que «deberían poder volver sin riesgo a ser encarcelados, puesto que en la ley se dice que se levantan las medidas cautelares».
Por tanto, ha añadido, «no contemplo ninguna otra opción que no sea la aplicación en sus justos términos, pero otra cosa es que los jueces se saquen de la manga alguna artimaña que desconozco, para intentar no aplicar la ley».
Sobre esta cuestión, ha recordado que «al elaborar la ley estuvimos muchas horas pensando en los posibles escenarios y fisuras, y creo que dejamos poco margen (a la interpretación), y la voluntad del legislador es muy clara, pero si ocurriera esto, estaríamos ante una posible prevaricación».
«Sería prevaricación -ha subrayado- porque supondría un desvío del poder de los jueces, ya que la ley es muy clara cuando dice que se tienen que levantar las medidas cautelares» y «Puigdemont y el resto de personas que se encuentran en su situación deberían poder volver de forma inmediata».
Otra cosa, ha matizado Asens, «es la revisión de sentencias y los archivos de las causas, esto sí que se puede suspender y plantear dudas ante la justicia constitucional e internacional, y puede transcurrir un tiempo incierto hasta que los jueces se pronuncien de acuerdo con la legislación internacional».
