Barcelona (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha ordenado citar a declarar como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la europarlamentaria Diana Riba, en su segunda imputación por el ataque con Pegasus al teléfono de dirigentes del partido.
En un auto, adelantado por eldiario.es, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Jové y Riba, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, con el apoyo de la Fiscalía, denegara varias diligencias propuestas por su abogado, entre ellas la declaración de Esteban como imputada.
La exdirectora del CNI, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo, permanece investigada en otro juzgado de Barcelona -instrucción 29- por el ataque con Pegasus al móvil del expresidente catalán Pere Aragonès y el año pasado ya declaró por estos hechos.
En la nueva investigación abierta a Paz Esteban, la jueza indaga el espionaje al diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové, uno de los cargos de Oriol Junqueras en la consellería de Economía que está procesado por su papel en la organización del 1-O y con la amnistía en suspenso, así como a la europarlamentaria republicana Diana Riba, esposa del exconseller Raül Romeva.
En su querella, Jové detalló que tiene acreditados dos ataques con el software Pegasus a sus dos móviles en 2019 y 2020, mientras mantenía importantes negociaciones políticas, entre ellas las de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
CNI, posible único cliente en España de Pegasus
La Audiencia de Barcelona considera que la «atribución delictiva» del espionaje al CNI que plantean los querellantes «tiene suficiente fuerza incriminatoria» como para citar como investigada a Esteban, dado que hay indicios de que sus teléfonos fueron atacados con «la misma infraestructura informática» que usaron los servicios secretos para espiar móviles con autorización del Tribunal Supremo.
Se trata, argumenta la Audiencia de Barcelona, del mismo software malicioso e idéntico servidor y dominio, de lo que se desprenden «suficientes elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España» de NSO, la empresa israelí que comercializa Pegasus, en principio solo a Estados.
Según el tribunal, a todo ello se une, «como indicio de indudable significación motivacional», que las víctimas «pertenecen al mismo entorno político», por lo que no puede rechazarse la «verosimilitud y probabilidad» de la tesis de los querellantes de que es el CNI el que está detrás de los ataques con Pegasus.
Junto a la imputación de Esteban, la Audiencia ha ordenado otra diligencia que rechazó la jueza: incorporar a esta causa la documentación desclasificada que el Gobierno remitió al juzgado que investiga el espionaje a Aragonès, lo que incluía los autos del Supremo que avalaban los ataques con Pegasus al expresident.
«Sospechas» contra Esteban
La Audiencia considera que existe «identidad» entre ambas causas, puesto que las «sospechas» se dirigen contra la misma persona, Paz Esteban, como responsable del CNI en la etapa en que ocurrió el espionaje.
«No hemos hallado ni en la ley de Secretos Oficiales ni en su reglamento ningún impedimento legal», subraya el tribunal, que no cree que itir esa documentación en la causa suponga «poner en riesgo la seguridad o los intereses del Estado o las personas vinculadas a la actividad del CNI».
Si no se accediera al envío de dicha documentación ya desclasificada, apunta el tribunal, habría que dirigir un nuevo suplicatorio al Consejo de Ministros para que permita incorporarla al procedimiento abierto por el espionaje a Jové y Riba.
Otra de las diligencias descartadas por la jueza que ordena el tribunal es que se vuelva a pedir el móvil de Jové al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo tiene en sus manos a la espera de que se celebre el juicio contra el diputado por la organización del 1-O, de momento suspendido para que la justicia europea se pronuncie sobre si el caso es amnistiable.
El TSJC rechazó entregarlo en mayo de 2023, pero la sala cree que después de esa fecha «han acontecido determinadas circunstancias que, relacionadas con el paso del tiempo y la larga expectativa en cuanto al momento en que dicho terminal podría ser puesto a disposición del órgano de instrucción», permitirían reconsiderar la negativa. EFE
